BERVETE SOBRE EL CRIMEN

Cinco departamentos siguen atormentados por la violencia. Mientras haya sitio adecuado para su apoyo, la criminalidad prospera más rápido de lo que se cree. La ciudadanía no puede ser permisiva con la violencia que atenta contra la vida, disminuye la población humana y desestabiliza la proyección de bienestar y de paz de la presente y futura sociedad. Hay que denunciar el delito y su planeamiento por parte de la delincuencia (narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros y políticos), los cuales persisten seguir actuando con el apoyo de ciertos sectores sociales que han adoptado una compostura taimada, la cual demuestra la falta de comprensión sobre el grave daño que sufre la Nación por este motivo.
Las cifras sobre el crimen todavía escandalizan a los nacionales y a los observadores de los países avanzados que piensan que la paz y la convivencia es un fundamento indispensable para el funcionamiento de la sociedad civilizada. Si bien es cierto que la cifra total de asesinatos en el país disminuyó, porque hasta noviembre de 2008, se presentaron 15.200 asesinatos, mientras que en la misma fecha en el 2007 fueron 16.318. El dato resulta preocupante cuando en cinco departamentos se disparó la cifra del crimen, en su orden, Antioquia, Córdoba, Arauca, Chocó y Risaralda. El récord lo batió Antioquia donde se presentaron 288 asesinatos más con respecto al 2007 y Córdoba que experimentó un aumento de 156 en comparación con el año anterior, equivalente a un incremento del 43% en este último departamento.
Se presentan situaciones cruciales en Montería y Sincelejo y en los municipios de Puerto Libertador, Tierralta, Valencia y Toluviejo, en donde no cesan las acciones delincuenciales que muchos abominamos. Esto se agrava cuando la queja, el denuncio y el reclamo se enredan con mucha facilidad en las respectivas oficinas públicas receptoras, provocando la insatisfacción ciudadana. Sin embargo, no estamos para tolerar ni menos para callar, sino para rechazar y delatar al malhechor. A pesar de la poca credibilidad que las instituciones encargadas de aplicar justicia tienen entre la ciudadanía, habrá que insistir tesoneramente hasta conseguir el efecto que esperamos, que es la investigación rápida y el resultado publicitado. Siempre la prensa tiene y tendrá el compromiso de apoyar al ciudadano, para que las instituciones tramiten y den resolución oportuna a sus requerimientos con el fin de no acrecentar la impunidad.
A pesar de observarse mejoras en el trámite de la investigación, todavía en algunas regiones prospera la impunidad y está latente, por eso la aplicación de la justicia se controvierte a causa del trabajo precario de los tribunales, los fiscales, los jueces y los auxiliares de la justicia que olvidan su tarea principal de defender a la sociedad de la barbarie y de conservar la paz. Hay que punzar a estos funcionarios. La Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Superior de la Judicatura deben extender sus controles internos para que sus agencias departamentales atiendan el clamor ciudadano represado, se investigue el crimen de toda índole y el autor tenga el castigo riguroso.
Si las instituciones colombianas no funcionan, es posible que siga la puerta abierta para que fluya la corriente de denuncias sobre impunidad hacia la comisión interamericana de derechos humanos; y pronto, el individuo se acerque a la corte penal internacional (Ley 1268 de 2008), en busca del servicio justo legal que nuestros tribunales y jueces hayan negado.
POSDATA: Sabiamente lo había dicho el poeta latino Horacio: “Un juez corrompido no puede examinar la verdad.”