Edgar Vergara Figueredo
El panorama social y económico de la nación no pinta claro. El paro
agrario no descansa de hacer daño, específicamente en los departamentos de
Cauca y Nariño en que el desarrollo normal de la vida se ha visto afectado por
este motivo. Sus habitantes están aislados de la civilización por el bloqueo de
la carretera panamericana que viene impidiendo el paso de los camiones cargados
de medicinas y demás elementos necesarios para el abastecimiento comunitario.
Han declarado los
reclamantes que están descontentos por la "profundización de las
políticas neoliberales del Gobierno, así como por el incumplimiento de promesas
del Ejecutivo tras anteriores huelgas.” Este anuncio no lo contradice la clase
media y pobre del país que se siente afectada por la acelerada inflación de
precios.
El escenario convulsionado repercute ocasionando una grave lesión a un sector
mayoritario de la población, que además de encontrarse agobiado por el desamparo
estatal, le llega una nueva plaga. La protesta comunitaria es legal, lo único
que queda por aclararse es hasta donde es posible aceptarla cuando se prolonga
tanto y no hay una pronta solución con la intervención de la autoridad.
En esta ocasión como en otras hay desavenencias que hay que limar
llegando a acuerdos factibles de cumplir por las dos partes. En la cabeza del gobierno
nacional está el presidente de la república, pues como jefe del estado, jefe de
gobierno y suprema autoridad administrativa, maneja la nación desde el punto de
vista territorial y político. Como contraparte se encuentran los líderes de la
reclamación, que han reiterado el incumplimiento de los pactos por parte de
unas carteras ministeriales.
Ha faltado convergencia en esta disputa social de una de las partes o de
las dos, así lo ven los ciudadanos de a pie. Mientras los ministros del
interior y de agricultura hablan apasionadamente por el acuerdo, los
conductores del reclamo sienten desconfianza de los representantes oficiales. ¡Hay
que ponerle seriedad y ecuanimidad a la conversación señores ministros!
No es la hora de hacer ahorros de recursos públicos cuando las
necesidades colectivas de los más pobres están a la vista. En vez de afincarse
en el anuncio de disminución de la pobreza que propangan los órganos oficiales
como un éxito gubernamental, hay que llegar al arreglo cuanto antes y reconocer
que nuestro Estado es Social de Derecho.
POSDATA: Acuña el dramaturgo alemán Johann C.
Schiller: “A mal oficio, mal fin.”
TE DESTACAMOS: Por
punta y punta cayó la gobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez, el Consejo
de Estado anuló su elección por violar el régimen de inhabilidades cuando
aspiró al cargo. Además, la Fiscalía General de la Nación le adelanta una
investigación por la presunta apropiación de recursos públicos en la celebración
de varios convenios de servicio de alimentación escolar de la niñez cuando era
alcaldesa en el municipio de Albania.
(10-06-16)
