Edgar Vergara Figueredo
Más de un mes tuvo que pasar para que el gobierno nacional en cabeza
del presidente Santos se emberracara y le echara la fiscalía, la policía y el
ejército a Pedro Aguilar, dueño de
centenares de camiones y presumiblemente líder de la chatarrería ilegal en el
país. A la postre, los parados han hecho caso omiso a la calentura
presidencial.
Pues bien, el señor Aguilar y sus secuaces han pasado la raya que fija
el límite hasta donde puede ir un gremio en su afán de conseguir
reinvindicaciones económicas. A simple vista el reclamo no está prohibido, pero
cuando es violento transgrede la ley. Con la arremetida, Aguilar paralizó el
transporte de carga y derivado de esta acción virulenta no hay oferta en el
mercado con grave perjuicio a la gente y a la economía nacional.
Se impuso la amenaza a la autoridad. Casi desde el mismo momento en
que se inició la protesta camionera los ministros de defensa y de transporte no
han hecho otra cosa que cantaletear que no se permitirán los bloqueos, mientras
otros jefes ministeriales callan. Sin embargo, el incendiario boicoteo continúa
desconociendo la voz del gobierno.
Ya la gente había visto a dos dirigentes de los taxistas en Bogotá,
los enigmáticos Hugo Ospina y Uldarico Peña, incitando a los conductores a
levantarse contra el uso de la plataforma Uber por parte de las camionetas blancas.
En esta ocasión, en presencia de las autoridades policiales y locales, estos
señores se impusieron mediante la violencia y lograron que el servicio no se
prestara por Uber aún haberse demostrado que es más seguro que el que ofrecen
los carros amarillos.
No es oculto que la mayoría de los dirigentes de las agremiaciones de
transporte público de carga y de pasajeros tienen vínculos cercanos con la
clase política del país, lo cual se convierte en una ventaja para que ellos
hagan lo que viene haciendo, apenas con un control débil de parte Estado.
Cuando se trata de hacer reclamos en beneficio propio, estos señores hacen uso
del pergamino que otras organizaciones no poseen.
A pesar de estar pasando el país por una elevada inflación de precios
de los productos de consumo, ahora se agrega este paro de camioneros el cual
contribuye a disminuir la oferta y aumentar la escasez, agravando la situación
del mercado y de los hogares de clase media y pobre de la nación.
POSDATA: La Fiscalía
General de la Nación debe actuar para superar la zozobra entre la población.
¡Pero pronto!
TE DESTACAMOS: Otra vez el hospital San
Jerónimo en el ojo del huracán. Esta vez el contralor departamental, Emilio
Otero, se viene en lanza y ristre. Lo cierto es que el hospital siempre fue
saqueado por sectores políticos de Córdoba. Ojalá no sea que el asalto quiera
repetirse.
(15-07-16)
