Edgar Vergara Figueredo
El vandalismo le sigue los pasos a la
plata del Estado. Se esquilma al sector público desde todas las esquinas de la
administración, de manera directa, por ladrones, o por sus agentes o por
lobistas. Algunos son políticos, otros dueños de fundaciones y corporaciones y
en la cola los que se disfrazan de grandes empresarios, independientemente o
unidos, arbitran influencia y saquean las finanzas públicas a pleno sol.
Cada día que pasa se hacen nuevos
descubrimientos de corrupción oficial. Los altos funcionarios enterados de la
cuestión apenas alcanzan a decirlo por los medios de comunicación de manera
taimada y tímidamente. Lo cual demuestra el estado a que hemos llegado al
encubrir el delito a pesar de saber quienes son sus autores.
Primero fue el ministro de
transporte, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, que en el Senado apuntaló, que el 85%
de las licitaciones tienen un solo proponente y que los pliegos de condiciones
de las licitaciones públicas se ajustan a la medida de los oferentes. Sr.
Ministro: la gran mayoría de las
licitaciones son amañadas y caen como anillo al dedo a los constructores amigos
del ministro, del gerente de empresa pública, del gobernador o del alcalde.
Seguidamente, el auditor general de
la república, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, le manifestó a la Revista Semana
que el 85% de la contratación con entidades sin ánimo de lucro (12.3 billones
de pesos al año) se hicieron de forma directa y como resultado de ese sistema
el país esté dejando de percibir en impuestos 1.2 billones de pesos. La
denuncia del auditor general resulta muy grave, ya que mediante esta práctica
se ha realizado el mayor volumen de las contrataciones de alimentos de los
niños y niñas.
De la manera como funcionan las entidades
encargadas de ejercer el control fiscal en el ámbito regional, nada más
improcedente creer que las contralorías departamentales y municipales puedan
vigilar la plata para que no se pierda. Cuando se sabe que estas entidades
están tan politizadas, pecaría el auditor general Córdoba Larrarte, confiar en
ellas.
Y tras las incursiones del ministro
Rojas y del auditor general Córdoba, se conoció de la cohorte de cuidanderos,
conformada por 73 personas y 14 vehículos, de Alejandro Ordoñez Maldonado, cuando
ejercía como procurador general de la nación, que pagaba el Estado por valor de
60.000 millones de pesos al año.
POSDATA: Con esta cantidad de plata que se
gastaba el ex procurador Ordoñez Maldonado se pudo construir 1.500 casas
anualmente de 40 millones de pesos cada una.
TE DESTACAMOS: El departamento La Guajira
será una entidad territorial inerte, mientras tenga en su cúpula administrativa
una clase dirigente obsesionada por robar, mediante el apoderamiento descarado
de los impuestos de los guajiros y de la nación. No hay ninguna diferencia
entre los que antes gobernaron a nombre del Partido Cambio Radical y los que
hoy se quedaron con la gobernación en representación del Partido de la U.
(11-11-16)
