Edgar Vergara Figueredo
No es nada nuevo que existan excesos en el
cuerpo de la policía nacional de Colombia. Se observa que por mucho que se esté
haciendo para mejorar su funcionamiento todavía quedan lagunas. La policía de
tránsito es el cuerpo más abusador, y tras este órgano, siguen las dependencias
administrativas de las secretarías de movilidad o tránsito del ámbito municipal
o distrital del país.
El diario de lo que sucede en las oficinas
que resuelven las multas y fotomultas ilustra el desmán. El Código Nacional de
Tránsito define al comparendo como una orden de notificación
para que el presunto contraventor se PRESENTE ante la autoridad de
tránsito por la comisión de una infracción. Lo que está sucediendo en Bogotá es
insólito, a pesar de ser la capital de la república, no entrega buen ejemplo a
los demás municipios y distritos.
Tampoco es el modelo de ciudad que deseamos
los que vivimos en ella. Aquí se cometen violaciones a los derechos del
ciudadano. Ha entendido la autoridad de movilidad de la Capital que el
comparendo es una infracción que no es discutible y desconocer que es apenas
una orden de presentación del inculpado. A partir del momento en que el
ciudadano es cobijado por un comparendo, cae en la trampa y comienza el
calvario.
Una vez concurre el acusado y hace su
descargo frente a un funcionario de la Secretaría de Movilidad que se presenta
como “autoridad de tránsito” (una especie de fiscal sin rostro), le define, a
escondidas y autónomamente, dictando a poco tiempo la providencia. Fallo, lleno
de errores idiomáticos y contradicciones, el cual, a la luz del derecho viola
todas las reglas y procedimientos establecidos por la ley para el caso.
El ciudadano al observar que no recibe una
respuesta del recurso de reposición; un tiempo después, se acerca a la
Secretaría de Movilidad (archivo), en donde le entregan una copia del
expediente, una especie de resolución, proferida por la rimbombante “autoridad
de tránsito”, con firma tachada. El arbitrario funcionario no da tregua para
exhibir semejante exabrupto jurídico, pues el expediente niega toda formación
de derecho y para remate se vuela el debido proceso constitucional, al no
comunicar al contraventor, dentro del término legal, el acto administrativo.
Ojalá no sea esta la conducta que estén
adoptando los empleados públicos que atienden los reclamos de comparendos en
las jurisdicciones municipales y distritales del país. Pues si han seguido el
ejemplo de Bogotá. ¡Apaga y vámonos!
POSDATA: Todos los días en Colombia mueren niños y
niñas a causa de violaciones. La más reciente, la ocurrida a la niña de 7 años Yuliana Samboní, violada y asesinada el domingo pasado en
un barrio de Bogotá por Rafael Uribe Noguera. Todavía en Colombia no se ha
consolidado una protesta ciudadana continua y sostenible. Todo lo que sucede,
se olvida. Los sentimientos son explosivos, de un día, y luego, todo se ignora.
(10-12-16)
