Edgar Vergara Figueredo
Desde la cúspide del poder, la mayoría de los
funcionarios públicos, sin el menor escrúpulo y contra la ley, se burlan de los
ciudadanos. Es buena hora para abrir un debate sobre las funciones que tienen
las cooperativas de ahorro y crédito y sus excesos. Se convirtieron en un dolor
de cabeza para la gente de menos ingresos. Un caso documentado, es ejemplo de
la manera como ellas manejan las relaciones con aquellas personas que tienen
necesidades de plata y recurren a sus servicios.
El expediente de la afectada está conformado por
cientos de folios. La trama es la siguiente: La persona reclamante es
pensionada, devenga una mesada equivalente a un salario mínimo mensual. Por
necesidades personales tuvo que recurrir a una cooperativa la cual le concedió
un préstamo por $3.000.000, a abonar en cuotas mensuales durante 36 meses. Al
terminar de pagar, sumó y sumó todo lo que le había cobrado y en total canceló
$6.098.024.
O sea que le cobraron a la deudora, por intereses y
otros conceptos la suma $3.098.024, más del 100% del capital prestado. En otros
términos, pagó más del doble de lo que le había prestado. Frente al hecho, hizo
varios reclamos a la cooperativa, pero sin resultado.
Llevó su caso a la Superintendencia de Economía
Solidaria, entidad encargada de ejercer la vigilancia e inspección de las
cooperativas, pero la Superintendencia se declaró incompetente para iniciar la
investigación que había solicitado la afectada. Como hecho insólito la mandó a
la justicia penal. Algo que resulta cómplice con la conducta de los directivos
de esas cooperativas que se inventan vericuetos para tumbar a sus clientes.
Luego, mediante derecho de petición del 3 de
febrero de 2016, recurrió al Procurador General de la Nación, Alejandro
Ordóñez, para que revisara su caso y actuara, teniendo en cuenta que él tiene
la función de vigilar la conducta de quienes desempeñen funciones públicas,
puesto que la señora Superintendente y sus delegados estaban sometidos a su
jurisdicción disciplinaria, o sea que el Procurador tenía competencia para
investigar y resolver el caso planteado.
A pesar de que el Procurador Ordóñez tenía 15 días para responderle; sin
embargo, no hubo respuesta dentro del término fijado por la ley. Después de 6
meses, el 16 de agosto de 2016, la Procuraduría Primera Delegada para la
Vigilancia Administrativa, le manifiesta a la pensionada que la queja ha sido
remitida por competencia a la Procuraduría Primera Distrital de Bogotá. Dos
meses después, la Procuraduría Primera Distrital de Bogotá, le informa a la
interesada que el expediente que tuvo inicio en la queja que ella presentó al
Procurador Ordoñez fue remitido a la Superintendencia de Economía
Solidaria.
POSDATA: Y colorín colorado este cuento aún no
se ha terminado. La señora pensionada fue esquilmada por la cooperativa,
burlada por el Procurador y despreciada por los demás procuradores.
(02-12-16)
