SE DERRUMBA LA PIRÁMIDE

Es lamentable, deplorable y devastador que se diga que en Colombia no hay legislación para detener la multiplicación de las “pirámides” o “esquema Ponzi”. Sí hay instrumentos legales, y suficientes. Las personas que están ejerciendo estas actividades incurren en un grave delito, del que se desprenden otras violaciones a la legislación. Basta leer lo dispuesto en el artículo 316 del Código Penal Colombiano (CPC), sobre captación masiva e irregular de dinero. Al lado de esta norma del CPC infringida, se quebrantaron otras conexas, como la contenida en el 246 sobre estafa y en el 327 sobre enriquecimiento ilícito. La Fiscalía General de la Nación se durmió frente a este caso grave de corrupción pública, lo mismo que los alcaldes y la policía.
Algunas de estas dudosas organizaciones captan el dinero de manera directa y otras a través de la venta de tarjetas. Ofrecen cuantiosos intereses o beneficios a sus clientes que no se ajustan a los rendimientos normales del dinero puesto en el mercado financiero o en actividades permitidas. A propósito, fue Carlo Ponzi, el italiano que se inventó este negocio irregular en 1920 en Estados Unidos, por eso fue más de una vez a la cárcel, luego deportado a su país y finalmente murió en la pobreza en Brasil. El modelo de Ponzi es el mismo retratado en Colombia, empieza con la estructura DMG (sigla que corresponde a las letras iniciales del nombre y apellidos del enigmático y diabólico propietario). Siguen en la nómina, DRFE, resumen de las palabras: dinero rápido, fácil y efectivo, JEF, World Business Panamá y Costa Caribe, entre otras. Esto es apenas el comienzo de la telaraña del cuadro tétrico de la mafia criminal organizada, con fines de recoger dinero del público, especular, lavar y enriquecerse.
¡Qué desgracia la de nuestros compatriotas! Que para castigar al delincuente, sus líderes tengan que recurrir al puritanismo e invocar la expedición de nuevas leyes para actuar, cuando estamos sobrado de legislación. Cada vez que sucede un hecho de esta clase en el país, surgen los gerifaltes de los ministerios, las superintendencias y de los órganos de control a dar explicaciones que rompen con el contexto de los daños que se le causan a la comunidad. Es irónico y hasta cínico el empleo de protocolos parsimoniosos por parte de los funcionarios oficiales para no taponar la boca del crimen. Este hecho tiene un efecto dominó en miles de incautos que han entregado su dinero a cambio de intereses impagables, de mercancías a precios altos y a la vez de devolución de lo invertido en un tiempo determinado.
Se observa que las primeras declaraciones del Ministro de Hacienda y Crédito Público y del Superintendente Financiero no convencen a nadie, porque no corresponden a los hechos que nos han mostrado los medios de comunicación y los ciudadanos timados. Las personas afectadas por la trampa entregaron sus ahorros a la inversión engañosa que los Ponzi colombianos le pintaron. Ojalá que a estos señores y a sus compinches los veamos mañana depositados en las cárceles pagando las condenas merecidas, eso sí, sin descuento ni beneficio.
De la hecatombe financiera que ha producido esta captación ilícita de dinero tiene que haber responsable. El primer llamamiento es a las autoridades respectivas que han tardado y retardado contener la proliferación de estas actividades que se montaron contraviniendo la normatividad vigente. La acción conjunta y coordinada del Estado no ha sido oportuna como tampoco eficaz. Más bien, se ha observado, una complacencia a esperar el desplome que se avizoraba de tiempo atrás; y es por esta omisión, que los afectados tienen derecho a indemnización.
POSDATA: Los abogados de estas organizaciones al garantizar públicamente su funcionamiento no son ajenos de la responsabilidad penal y ética que por este pronunciamiento les atañe.