SR. ALCALDE: AMÁRRESE EL PANTALÓN

Hemos visto como la ciudad de Montería ha sido convulsionada por hechos vandálicos protagonizados por una fracción de los beneficiarios del mototaxismo, agrupados como propietarios o conductores. Igualmente, la ciudad viene siendo amenazada por un grupo de personas que abogan por convertir en municipio al conglomerado de barrios que están situados en la margen izquierda del río Sinú. Son dos situaciones bien distintas, pero que tienen una relación íntima con el mantenimiento de la paz pública, la convivencia y las buenas relaciones ciudadanas. Conjunta o separadamente son una amenaza que viene perturbando la tranquilidad cotidiana y el sueño de progreso de la gente que habita aquí.
La actividad del mototaxismo surgió, creció y se ejerció con la complacencia descarada de la autoridad, y después de su reglamentación por el gobierno nacional, la legislación local ha sido tolerante para aceptar su desempeño. A pesar de no estar contemplada en la ley de transporte público, ha ido adquiriendo una personalidad problemática que atenta volcánicamente contra el orden público. Los dos anteriores alcaldes de la ciudad propiciaron la actividad y la utilizaron como instrumento político electoral al permitir su instalación desordenada y la viabilidad próspera para sus especuladores. Sin discusión se reconoce que en ella se refugian muchas personas desplazadas y desempleadas que no encuentran ubicación en el estrecho mercado laboral de la localidad, sin embargo, este hecho no justifica que el espacio público sea usado al libre antojo.
El segundo reclamo reaparece de la nada, evocando aquel inicio que tuvo lugar a principios del año 2005, con la intención torcida de instalar un municipio que no cabe en la margen izquierda del río Sinú. Si se trata de amedrantar a los dirigentes del momento, no sería el camino correcto. Es previsivo que el propósito sea despedazar a Montería y acabar con su tradición unitaria. Los habitantes del otro lado del río no son la excepción, tienen los mismos problemas que los residentes de los barrios de iguales estratos ubicados del flanco derecho.
Ni la piedra ni la gritería, se pueden imponer para la destrucción de los bienes privados y públicos como tampoco al deseo ferviente de la unidad local como símbolo de la vieja ciudad (consolidada con su pujante deseo de progreso logrado), ni ser motivo para ceder demasiado. Las autoridades tienen la obligación de garantizar que el gigante no se salga de la jaula. Los diputados de Córdoba no pueden alcahuetear un despropósito que daría lugar a aumentar los problemas de la gente, puesto que ella quedaría atrapada por la politiquería y la holgazanería de los autores de la iniciativa. El Alcalde, como primera autoridad municipal, y los concejales, tienen la responsabilidad de defender la entidad raizal, la integridad del territorio, imponer la creatividad y el civismo, a fin de que la gente colabore comúnmente con miras a conseguir la solución de los conflictos sociales presentes.
El portillo no puede dejarse abierto. Mañana no serán solamente los vehículos de los transportadores a quienes se les apunta, sino también a las propias personas y a sus bienes. Por el otro lado, no se puede permitir que las ambiciones crezcan para presionar indebidamente mejoras sociales y de infraestructura desiguales en los barrios. Como son asuntos pendientes requieren una solución política a cargo de la autoridad con el decidido apoyo cívico y corporativo. El Alcalde Marcos Pineda García, tiene que destapar las cartas y definir quiénes están por el mantenimiento de la convivencia y quienes por el desorden y la división. La amenaza y el chantaje no son el camino correcto para convenir acuerdos sobre problemas y cuestiones de interés general.
POSDATA: “Nadie ofrece tanto como el que nada puede cumplir”, sentenció el polígrafo español Francisco de Quevedo.