DEPARTAMENTOS: ENTRE CONTROLES Y TRIBUTOS

Los departamentos colombianos piden más recursos. Impulsados por el gobierno nacional que está interesado en ayudarlos, toma fuerza la idea de llevar al Congreso un estatuto que reajuste las tarifas de los impuestos. Aunque la época no es la más aconsejable, por encontrarse el país en la antesala de la crisis, el Ministro de Hacienda oxigena a sus respectivos mandatarios y les da la mano, como premio, con tal de que se reanime la reelección. Hoy no hay nada gratuito, es la retribución de la localidad frente a la promesa de regalo que aumentaría enormemente la masa fiscal a disposición de las comarcas envejecidas burocráticamente.
Si los municipios, a través de su federación, quisieran hacer lo mismo, sin duda, conseguirían la finalidad para aumentar el flujo de recursos mediante nuevos impuestos. El Congreso, abierto a aprobar la nueva norma tributaria en mención, no estaría en condiciones de despreciar semejante plato de lentejas, con tal de sentarse a la mesa y compartir los beneficios electorales del banquete. Si la ambición departamental se aceita, como se prevé, estaríamos seleccionando un camino equivocado, puesto que en vez de abrir el paso al consumo, hoy necesario para la economía, lo vamos a cerrar. Más impuestos, restan ingreso a las personas, lo cual contribuiría a la baja de la demanda interna que es un asunto peligroso ahora.
Lo que el gobierno nacional, de manera irresponsable, ha olvidado es que en los departamentos se pierde mucha plata ante la ausencia de planeación. Si bien está instituida legalmente, el instrumento es incompleto por no asegurar el uso eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de las funciones que se les han asignado a los territorios. Suele ocurrir, que a pesar de aprobarse un catálogo de programas y proyectos en los planes de desarrollo, la ejecución queda en el aire al no materializarse en obras que puedan ser observadas por las comunidades. Normalmente, en el balance de las cuentas públicas, la inversión se presenta en términos financieros, sin el detalle de las realizaciones físicas en cuanto a costo-beneficio.
Es de prioridad ordenar la planeación para que lo que se prometa se cumpla. Y evitar que se siga engañando al ciudadano. La rendición de cuenta que entrega el cuentadante anualmente es de calidad mediocre, es tan cerrada que conlleva a que la gente trague entero. Lo cual impide a que no haya lugar a la verdadera pesquisa por el observador interesado en obtener la realidad de las operaciones y de la gestión pública. Por ese motivo, el derecho a la transparencia de la información se neutraliza con la cháchara del expositor, que hábilmente desvía la atención al presentar montones de cifras que mienten y ocultan la realidad de lo invertido. ¡Así estamos de mal!
Además de los ingresos propios, los departamentos cuentan con una apreciable cantidad de recursos provenientes de la Nación y de regalías para financiar, principalmente, salud, educación y obras. Al igual que los suyos, los ingresos nacionales, con frecuencia, son objeto de dilapidación, lo que es menester parar de un tajo. De modo que, en este momento, es más conveniente el fortalecimiento de los controles administrativos que una reforma tributaria, eso sí con el acompañamiento de la ciudadanía para velar por el empleo de la honestidad en la contratación de las obras y de los servicios, sencillamente para evitar que se roben el dinero. Eso produce más que una reforma. POSDATA: Recogiendo el pensamiento moderno: “Se ha probado que un país o región sin corrupción crece mucho más rápido, que aquél o aquélla que la consiente.”