ARRASAN CON TIERRAS DE LOS POBRES

Cuando apenas en ciertas regiones de Colombia comienza a vivirse la paz, surgen unas organizaciones privadas destinadas a la compra de grandes extensiones de tierras en esos territorios. Compras que se están haciendo a precios irrisorios por hectárea y que valen comercialmente mucho más. Dos ex ministros de Estado aparecen implicados en la telaraña del lucrativo negocio. El país y su gobierno no pueden dejar a la deriva a quienes por motivos de la violencia, ejercida por los grupos al margen de la ley, han tenido que abandonar sus tierras y alojarse en las zonas urbanas en medio de la pobreza y la miseria absoluta. Ahora que han vuelto, llega la oferta de emisarios dispuesta a apoderarse de esos suelos. ¡Eso es violencia!
Ya el Presidente de la República había prevenido a la gente de los Montes de María y a las autoridades correspondientes sobre lo que estaba pasando, esto basado en reportes ciudadanos que dicen que muchos propietarios están siendo presionados para vender las propiedades a precios insignificantes. Se sabe perfectamente que las herramientas jurídicas y judiciales para espantar a esas águilas existen. En caso de que la oficina Protección de Tierras de Acción Social de la Presidencia de la República, no pueda truncar el despropósito de esos especuladores, la previsión presidencial se la llevaría el viento. El informe publicado por el diario El Tiempo el lunes pasado es suficiente para que se enciendan las alarmas y se tomen las medidas destinadas a parar la subasta.
La pacificación de las regiones del territorio colombiano tiene un alto costo fiscal soportado por las finanzas públicas nacionales. Es con el producto de los impuestos que todos pagamos que se ha podido financiar la labor que han emprendido las autoridades judiciales, civiles y militares para sanear de la violencia a las tierras campesinas arrebatas a rienda suelta. Eso tiene un gran valor en dinero y esfuerzo humano. Las tierras pacificadas y sus propietarios, que son regularmente campesinos desplazados y pobres, tienen que tener una protección por parte del Estado.
La devastadora compra en los Montes de María viene haciéndose por las empresas Tierras de Promisión, Arepas Don Pancho, Agropecuaria El Carmen y Agropecuaria El Génesis (el solo nombre espanta), las cuales pagan la hectárea a 200 mil pesos cuando el verdadero precio es de veinte veces más. Pero el negocio se extiende a otra geografía del territorio nacional, como es el Catatumbo, departamento de Norte Santander, en donde se aposentan Bioagroindustrial de Colombia, Promotora Hacienda Las Flores y unas cooperativas de paramilitares. Aquí, según el denuncio, se ha negociado la hectárea a razón de 253 mil pesos, valor ínfimo frente al precio real.
Dos son los ex ministros que están en la palestra de esos negocios, Fernando Araujo y Carlos Murgas. Araujo, relacionado con las empresas presentes en los Montes María y Murgas con las del Catatumbo. Araujo, acepta que fue llamado por un grupo de empresarios paisas para que les colaborara en la labor social y porque su nombre puede abrir algunas puertas. A pesar de que hace parte de la Fundación Amigos de los Montes de María, como presidente honorario, niega cualquier vínculo con compras de tierras. Murgas, es el estratega del Catatumbo y promotor de la alianza entre pequeños, medianos y grandes productores, como él mismo lo ha declarado. Uno, por prestar su nombre, y otro, por promotor, es posible que estén contribuyendo a consolidar la nueva expulsión de campesinos pobres de esas regiones. Ante los hechos, el que tiene que abrir los ojos es el Fiscal General de la Nación.
POSDATA: El tratadista español Fray Jerónimo Gracián, recomienda: “Nunca perderse el respeto a sí mismo.”