Sigue en nuestra región la racha de asesinatos para demostrar que las armas pueden hacer más daño que las autoridades establecidas por la seguridad de los ciudadanos. La amenaza va en contra de las instituciones y de la sociedad. El martes 19 de mayo pasado fue asesinado en San Pelayo el veedor ciudadano Gustavo Galvis Aldana, quien había denunciado muchos actos de corrupción en este municipio cordobés. Fue un hecho material anunciado, porque en el mes de febrero anterior, sus verdugos habían arrojado un petardo contra su residencia, con el fin de amedrentarlo y lograr su retiro definitivo de la labor que venía haciendo.
Como los dardos lanzados desde la oscuridad por los criminales a sueldo no pudieron cumplir el objetivo: el revólver fue el efectivo. Hasta ahora nada se sabe de la investigación para dar con los criminales, pero existe esperanza del resultado. Acto seguido al de San Pelayo, está el caso del doctor Carlos Valera Pérez. La labor tesonera que él viene adelantando, como veedor ciudadano en Montería, es conocida por todos. A pocos días, también ha sido amenazado de muerte, y además, al igual que Galvis Aldana, advertido que lo van a matar. A la lista de las defensoras de los intereses de la comunidad desplazada, asesinadas recientemente, hoy se suma esta otra modalidad con miras a atormentar a los ciudadanos que ejercen veedurías, y por ende, a sus familias.
La autoridad de policía y la fiscalía de Córdoba tienen la alerta en sus manos, se espera que la atiendan con la prontitud del caso y se aprovisionen de la inteligencia institucional para impedir que esta última provocación se lleve a cabo por los delincuentes de cuello blanco, que son los que se roban la plata del Estado. Pues el fin es evitar lamentaciones posteriores. Sin duda, los hechos que acontecen, crean un clima de zozobra impertinente que no dejan vacilación para advertir que se vive en la actualidad un estado de violencia y de inestabilidad social que se creía superado.
No es posible que tengamos que dormir con el arma escondida dentro de la funda de la almohada, como lo hacía Santiago Nasar, aquel de la novela: Crónica de una Muerte Anunciada de Gabriel García Márquez. Aquí, al igual que en todo el territorio nacional, el Estado está en la obligación de proteger a todas las personas en su vida y evitar incurrir en omisión ante una falla del servicio público de seguridad de las personas. Si la autoridad desatiende este deber se configura una clara violación a las normas sobre derechos humanos constitucionales y a las contenidas en los tratados internacionales.
Volviendo al caso de Galvis Aldana, me confirmó el veedor doctor Varela, que sí fue cierto, que días antes de su asesinato, el occiso había tenido una larga conferencia con él en Montería, durante la cual le manifestó su presentimiento de que había una confabulación contra el ejercicio de la veeduría ciudadana y que los señalados por los hechos de corrupción en el municipio iban a atentar contra su vida. También se sabe, por lo que se dice en la plaza principal, que la víctima había publicado nombres de los presuntos autores intelectuales del parricidio que venía en camino y que lo intuía. Estos son datos de suma importancia para las pesquisas que adelante la policía.
POSDATA: Es puntual recordar al novelista francés Anatole France: “En sociedad no todo se sabe, pero se dice todo.”
Como los dardos lanzados desde la oscuridad por los criminales a sueldo no pudieron cumplir el objetivo: el revólver fue el efectivo. Hasta ahora nada se sabe de la investigación para dar con los criminales, pero existe esperanza del resultado. Acto seguido al de San Pelayo, está el caso del doctor Carlos Valera Pérez. La labor tesonera que él viene adelantando, como veedor ciudadano en Montería, es conocida por todos. A pocos días, también ha sido amenazado de muerte, y además, al igual que Galvis Aldana, advertido que lo van a matar. A la lista de las defensoras de los intereses de la comunidad desplazada, asesinadas recientemente, hoy se suma esta otra modalidad con miras a atormentar a los ciudadanos que ejercen veedurías, y por ende, a sus familias.
La autoridad de policía y la fiscalía de Córdoba tienen la alerta en sus manos, se espera que la atiendan con la prontitud del caso y se aprovisionen de la inteligencia institucional para impedir que esta última provocación se lleve a cabo por los delincuentes de cuello blanco, que son los que se roban la plata del Estado. Pues el fin es evitar lamentaciones posteriores. Sin duda, los hechos que acontecen, crean un clima de zozobra impertinente que no dejan vacilación para advertir que se vive en la actualidad un estado de violencia y de inestabilidad social que se creía superado.
No es posible que tengamos que dormir con el arma escondida dentro de la funda de la almohada, como lo hacía Santiago Nasar, aquel de la novela: Crónica de una Muerte Anunciada de Gabriel García Márquez. Aquí, al igual que en todo el territorio nacional, el Estado está en la obligación de proteger a todas las personas en su vida y evitar incurrir en omisión ante una falla del servicio público de seguridad de las personas. Si la autoridad desatiende este deber se configura una clara violación a las normas sobre derechos humanos constitucionales y a las contenidas en los tratados internacionales.
Volviendo al caso de Galvis Aldana, me confirmó el veedor doctor Varela, que sí fue cierto, que días antes de su asesinato, el occiso había tenido una larga conferencia con él en Montería, durante la cual le manifestó su presentimiento de que había una confabulación contra el ejercicio de la veeduría ciudadana y que los señalados por los hechos de corrupción en el municipio iban a atentar contra su vida. También se sabe, por lo que se dice en la plaza principal, que la víctima había publicado nombres de los presuntos autores intelectuales del parricidio que venía en camino y que lo intuía. Estos son datos de suma importancia para las pesquisas que adelante la policía.
POSDATA: Es puntual recordar al novelista francés Anatole France: “En sociedad no todo se sabe, pero se dice todo.”