Edgar Vergara Figueredo
La producción, las ventas, las exportaciones, las importaciones, el consumo y el empleo han caído en los primeros meses del año en Colombia. El efecto se veía venir, puesto que no estábamos desconectados del mundo. Para contrarrestar el enfriamiento económico, cierto es que nuestro sistema afectado no puede regenerarse por sí mismo, se necesita de la decisión política del Estado y su intervención directa en la economía para impulsar la demanda global. A pesar del anuncio de ciertas medidas por parte del gobierno nacional, todavía no hay un plan integral consistente que devuelva la confianza a los empresarios para la inversión y a las personas la estabilidad laboral.
Todos estamos a la expectativa del futuro. Es el Estado el que tiene que construir la brújula para direccionar la economía general hacia el crecimiento y el progreso social. Para esta finalidad, la acción estatal cuenta con una biblia que contiene las medidas que deben tomarse frente a la crisis, es el vademécum teórico ensayado cuya finalidad es reanimar la actividad económica. Si bien, el gobierno nacional ha creado incentivos a la compra de vivienda y el Banco de la República ha reducido la tasa de intervención hasta el 5%, como mecanismo para mantener el nivel de empleo y rebajar el costo del crédito, todavía quedan otras herramientas a construir con la imaginación.
Por el lado del presupuesto público, aparentemente el problema está resuelto. A pesar de que la proyección de los ingresos para el año entrante no es suficiente, como se desprende del balance fiscal para el 2010, la voz autorizada oficial resuelve el asunto informando que la diferencia entre ingresos y gastos por más de $23 billones será financiada con recursos del crédito. Es correcta esta decisión. En un momento se creyó que el camino del anti keynesianismo se iba a imponer por esta situación de desbalance, que habría llevado al recorte del gasto y derivadamente la disminución del componente social que financia los proyectos que favorecen la creación de empleo y a la población en estado de pobreza e indigencia.
En este escenario quedó definido que el gasto social no es menos que los otros. Asunto que el gobierno central deberá sostener, para lo cual es necesario que convierta la decisión tomada en política pública, por lo menos, en el tiempo que dure la crisis. En un solo aspecto, como el de los desplazados por la violencia, recobra la mayor importancia el amparo de esta población que en Colombia desborda el cálculo oficial, y que en las cuentas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) es de tres millones de personas, por encima de Irak. La realidad en que habita este conglomerado, es una calamidad nacional que muchos compatriotas la desconocen y por no entienden sus efectos sociales de hambruna y abandono en que este grupo se encuentra ante la demora de rehabilitación pronta y ubicación en su territorio de vida.
El plan integral del gobierno a que se hace referencia, no puede dejar por fuera aquellos aspectos que tienen que ver con la efectividad y economía del gasto público, tan necesarios para el rendimiento de la plata destinada a inversión social y a infraestructura física. Indudablemente, uno es: combatir la corrupción, que hoy es el peor mal de la administración pública. Del resultado de la vigilancia que ejercen los medios de comunicación y los ciudadanos se desprende que está vivita y coleando, porque campea en las administraciones municipales, distritales, departamentales y entra por la puerta grande al congreso, al poder judicial, a los ministerios, a los departamentos administrativos, a las superintendencias y a las entidades descentralizadas. Habida cuenta de la proliferación de los hechos de corrupción, campea el robo continuo de los dineros estatales. Como prioridad, habrá que incluir dentro del programa económico gubernamental su erradicación.
Todos estamos a la expectativa del futuro. Es el Estado el que tiene que construir la brújula para direccionar la economía general hacia el crecimiento y el progreso social. Para esta finalidad, la acción estatal cuenta con una biblia que contiene las medidas que deben tomarse frente a la crisis, es el vademécum teórico ensayado cuya finalidad es reanimar la actividad económica. Si bien, el gobierno nacional ha creado incentivos a la compra de vivienda y el Banco de la República ha reducido la tasa de intervención hasta el 5%, como mecanismo para mantener el nivel de empleo y rebajar el costo del crédito, todavía quedan otras herramientas a construir con la imaginación.
Por el lado del presupuesto público, aparentemente el problema está resuelto. A pesar de que la proyección de los ingresos para el año entrante no es suficiente, como se desprende del balance fiscal para el 2010, la voz autorizada oficial resuelve el asunto informando que la diferencia entre ingresos y gastos por más de $23 billones será financiada con recursos del crédito. Es correcta esta decisión. En un momento se creyó que el camino del anti keynesianismo se iba a imponer por esta situación de desbalance, que habría llevado al recorte del gasto y derivadamente la disminución del componente social que financia los proyectos que favorecen la creación de empleo y a la población en estado de pobreza e indigencia.
En este escenario quedó definido que el gasto social no es menos que los otros. Asunto que el gobierno central deberá sostener, para lo cual es necesario que convierta la decisión tomada en política pública, por lo menos, en el tiempo que dure la crisis. En un solo aspecto, como el de los desplazados por la violencia, recobra la mayor importancia el amparo de esta población que en Colombia desborda el cálculo oficial, y que en las cuentas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) es de tres millones de personas, por encima de Irak. La realidad en que habita este conglomerado, es una calamidad nacional que muchos compatriotas la desconocen y por no entienden sus efectos sociales de hambruna y abandono en que este grupo se encuentra ante la demora de rehabilitación pronta y ubicación en su territorio de vida.
El plan integral del gobierno a que se hace referencia, no puede dejar por fuera aquellos aspectos que tienen que ver con la efectividad y economía del gasto público, tan necesarios para el rendimiento de la plata destinada a inversión social y a infraestructura física. Indudablemente, uno es: combatir la corrupción, que hoy es el peor mal de la administración pública. Del resultado de la vigilancia que ejercen los medios de comunicación y los ciudadanos se desprende que está vivita y coleando, porque campea en las administraciones municipales, distritales, departamentales y entra por la puerta grande al congreso, al poder judicial, a los ministerios, a los departamentos administrativos, a las superintendencias y a las entidades descentralizadas. Habida cuenta de la proliferación de los hechos de corrupción, campea el robo continuo de los dineros estatales. Como prioridad, habrá que incluir dentro del programa económico gubernamental su erradicación.
POSDATA: “Robar, y defender que los que roban no se castiguen, es igual delito.”, enseña el tratadista español Joaquín Setanti.
