Edgar Vergara Figueredo
Nunca sabremos con exactitud lo que está pasando en Honduras. Cuántos son los detenidos en las cárceles, unos perseguidos, otros tantos confinados en sus hogares y muchos silenciados por el convite del gorila y el ruido de los fusiles dispuestos a encarar la carne humana. Todos estos, conminados, para evitar que salgan a las calles y plazas a protestar. Contrariamente, Roberto Micheletti, da visto bueno a sus partidarios para que vociferen y apoyen pasionalmente su discurso, dirigido a mostrar al mundo un aparente apoyo popular en medio del jolgorio tropical. Así se esconde el verdadero propósito del derrocamiento de Manuel Zelaya.
Los derechos humanos son protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebeldía contra la tiranía y la opresión. Los derechos humanos están definidos claramente en los tratados internacionales, en la doctrina y en las constituciones nacionales. Cuando la Declaración Universal de Derechos Humanos asegura el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales del hombre se está frente a la aplicación forzosa de compromisos por parte de las personas y de los Estados que han suscrito la declaración.
Igualmente, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre apunta hacia el mismo fin, para mantener los derechos que exaltan la libertad individual y los deberes que expresan la dignidad de esa libertad. El artículo 21 de la Declaración Universal precisa que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público y esa voluntad se expresará mediante elecciones auténticas. Lo mismo lo reafirma la Declaración Americana, en el artículo XX, que consagra elecciones populares y el deber de votar.
El presidente Manuel Zelaya, ascendió al poder por la vía legal, dentro del marco constitucional hondureño y de los tratados. Estos últimos, constituyen directrices de obligatorio cumplimiento cuando el país hace parte de la comunidad internacional, como es el caso de Honduras. El golpe de estado se dio en un ambiente confuso, que ya habíamos superado en la América Latina, pero que los herederos de los gorilas insisten en implantar en una de nuestras repúblicas. Es tan irregular el proceso de derrocamiento de Zelaya, que los conspiradores lo expulsan y luego ordenan su captura para traerlo al país. El escenario es de pura comisaría, y el golpe una alcaldada. ¡Qué atraso político, y qué falta de grandeza!
Un golpe de estado rompe lo dispuesto en la Carta de la OEA, ya que cuando no afianza la paz ni la seguridad del continente, pugna con la consolidación democrática, y en vez de erradicar, profundiza la pobreza. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), unánimemente, repudió el golpe en Honduras y ordenó la inmediata e incondicional restauración del gobierno legítimo. La organización de Estados Americanos (OEA) ha aplicado el procedimiento estatutario, dando un compás de espera de setenta y dos horas para que se restituya a Zelaya. O sea, que estamos pendientes de lo que sucederá cuando expire el plazo. Es posible que la OEA, en este caso, suspenda a Honduras, lo que la dejaría por fuera de la participación en las sesiones de la Asamblea General y demás reuniones de la organización. Unilateralmente, las naciones podrían retirar sus embajadores, o bloquear al país económicamente en sectores estratégicos, entre tantas opciones.
Los derechos humanos son protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebeldía contra la tiranía y la opresión. Los derechos humanos están definidos claramente en los tratados internacionales, en la doctrina y en las constituciones nacionales. Cuando la Declaración Universal de Derechos Humanos asegura el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales del hombre se está frente a la aplicación forzosa de compromisos por parte de las personas y de los Estados que han suscrito la declaración.
Igualmente, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre apunta hacia el mismo fin, para mantener los derechos que exaltan la libertad individual y los deberes que expresan la dignidad de esa libertad. El artículo 21 de la Declaración Universal precisa que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público y esa voluntad se expresará mediante elecciones auténticas. Lo mismo lo reafirma la Declaración Americana, en el artículo XX, que consagra elecciones populares y el deber de votar.
El presidente Manuel Zelaya, ascendió al poder por la vía legal, dentro del marco constitucional hondureño y de los tratados. Estos últimos, constituyen directrices de obligatorio cumplimiento cuando el país hace parte de la comunidad internacional, como es el caso de Honduras. El golpe de estado se dio en un ambiente confuso, que ya habíamos superado en la América Latina, pero que los herederos de los gorilas insisten en implantar en una de nuestras repúblicas. Es tan irregular el proceso de derrocamiento de Zelaya, que los conspiradores lo expulsan y luego ordenan su captura para traerlo al país. El escenario es de pura comisaría, y el golpe una alcaldada. ¡Qué atraso político, y qué falta de grandeza!
Un golpe de estado rompe lo dispuesto en la Carta de la OEA, ya que cuando no afianza la paz ni la seguridad del continente, pugna con la consolidación democrática, y en vez de erradicar, profundiza la pobreza. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), unánimemente, repudió el golpe en Honduras y ordenó la inmediata e incondicional restauración del gobierno legítimo. La organización de Estados Americanos (OEA) ha aplicado el procedimiento estatutario, dando un compás de espera de setenta y dos horas para que se restituya a Zelaya. O sea, que estamos pendientes de lo que sucederá cuando expire el plazo. Es posible que la OEA, en este caso, suspenda a Honduras, lo que la dejaría por fuera de la participación en las sesiones de la Asamblea General y demás reuniones de la organización. Unilateralmente, las naciones podrían retirar sus embajadores, o bloquear al país económicamente en sectores estratégicos, entre tantas opciones.
POSDATA: De manera puntual, precisa el politólogo italiano Giovanni Sartori: “La Crisis de nuestro convivir es in primis crisis de ideas, crisis de ideales y crisis de la ética”
