TRAMOYA EN LOS NUEVOS MUNICIPIOS

Por Édgar Vergara Figueredo

Con la facilidad que las Asambleas Departamentales convierten caseríos en municipios, desmembrando pedazos de territorios de otros y cuadrando las cuentas para llenar el presupuesto solicitado por la ley, se entiende que el mayor propósito es el de satisfacer la voracidad política de ciertos líderes (incluye a diputados), los cuales recibirían directamente las prebendas una vez se instale el bando administrador. No es tanto lo que pide la Ley 617 de 2000 sobre partos de municipios, es más bien manilarga; frente a mínimos requisitos, ella permite con mucha facilidad, que los diputados aprueben con poca discusión las ordenanzas que autorizan los nacimientos.

A Córdoba le agregaron dos: Tuchín y San José de Uré. En todo el territorio nacional es común que esto suceda y prospere la reproducción. En este momento, los dos municipios están en proceso de organización. Por la simple naturaleza, los munícipes no mejorarían en el corto tiempo sus condiciones de pobreza, como lo hacen ver los artífices de proyectos de esta finalidad. En cambio, estos últimos van por el premio mayor, cuantificando las ganancias, proyectan el asalto a la nueva burocracia y al manejo de las participaciones nacionales. Lo que uno no ve claro en este caso es la buena fe de las personas que les dieron vida. Por las noticias que flotan, hay una premonición de apartar a ciertos líderes merecidos a efectos de dejar el camino libre para la usurpación.

Es pertinente, como ya no estamos en tiempos pasados, que se reconozca la importancia de la vigilancia ciudadana en todo el proceso de puesta en funcionamiento de los nuevos municipios, con el fin de evitar que corran la misma suerte de otros que nadan sobre la corrupción instalada en la cúpula de sus gobiernos. El procedimiento cívico comprende el periodo entre la sanción de la ordenanza por el gobernador hasta la organización administrativa y lo que sigue en el futuro para la instalación de un modelo de administración saludable. Seguro es que se impone la necesidad de obstruir el apoderamiento por parte de unas cuantas personas para perpetuarse en el poder, y esto se consigue, con el pueblo vigilando. Imperiosa es la medida, porque conduce a fortalecer la aspiración popular, como es, aplicar las rentas a la solución de las necesidades sociales de la mayoría de población pobre de la jurisdicción y taponar el derroche.

Para el control propuesto, se necesitan veedores, decentes y honestos, que por sus capacidades morales reconocidas, sean dignos de confiabilidad entre la población. Necesariamente, los veedores tienen que surgir de la decisión comunitaria, sin imposición por parte de los grupos políticos que estarían listos a colocar sus testaferros en los órganos de dirección de estos dos municipios. Un esquema con participación ciudadana podría propiciarse desde la Gobernación, a través de una universidad local, para prestar el servicio de apoyo y acompañamiento a las instituciones creadas, con miras a resguardar el interés general y apartar del camino a las águilas de rapiña.

En caso de que esto no sea posible, la proyección inicial de bienestar prevista corre el riesgo de ir al traste por la misma razón de negación de la participación ciudadana desde el inicio del proceso de organización. Igualmente, de no ponerse en práctica una fortaleza como ésta, se intuye que nada es posible hacer en el departamento, sino es promovido por la clientela política de siempre, que es la que se teme devore a través de sus testaferros los recursos que llegarían a las arcas de Tuchín y San José de Uré. Quedan las puertas abiertas para recorrer el camino correcto, o explorar alternativas que beneficien a las comunidades en los temas técnicos que demanda la ocasión.

POSDATA: Que mejor apunte para el momento que el del filósofo griego Anaxágoras: “Si me engañas una vez, tuya es la culpa, si me engañas dos, la culpa es mía”