PARA LADRONES DEL ESTADO

Por Édgar Vergara Figueredo

Recientemente apareció publicada en el diario El Tiempo una carta de un lector que dice: “¿Y los muros de la corrupción? Señor Director: No estoy de acuerdo con los muros de los violadores. Los niños abusados tienen derecho a olvidar y superar los traumáticos hechos delictivos, sin el recuerdo grotesco y eterno de las vallas por toda la ciudad. Mientras la palabra final la exprese, en su sabiduría social, la Corte Constitucional, me pregunto: ¿en dónde están los muros de la infamia para corruptos de cuello blanco, que se han enquistado en todas las instancias de la administración pública, en franco desafuero del presupuesto del país y de los presupuestos regionales? Las fotos de ellos, en cambio, solo salen en los registros de los cocteles y demás actos sociales. Reynaldo Martínez Villamizar.”

Nada más cierto que lo que opina el lector de este diario. ¡Y, los colombianos, aterrorizados! Se considera que no es un asunto de capricho que alguien se le ocurriera implantar mediante ley, además del castigo con severidad en la cárcel previsto en el Código Penal, la exhibición de la foto en espacios públicos (como sanción accesoria) de todo delincuente que atente contra la integridad de los niños, niñas y adolescentes. Eso faltaba en la legislación nacional, aunque prefiero, como tantos compatriotas, que sea una medida pedagógica transitoria mientras desaparece la repetición de la transgresión a lo ancho y largo de nuestro territorio. Al igual que las vallas en lugares públicos sancionan a los violadores de menores, la gran mayoría de los colombianos acompañamos un proyecto de ley en el mismo sentido, que extienda la medida a los que desvalijan al Estado.

Los actos irregulares ejecutados por los seres humanos se convierten en delitos que están definidos por los artículos, incisos y parágrafos de la legislación penal, y como se sabe todos son dañinos, porque van contra la moral y las leyes naturales. Cierto es que, como ave de rapiña, los pederastas van detrás de la presa y no descansan hasta que la agarran, al igual que otros delincuentes, como los que roban las finanzas públicas con lo que no es suyo. Se ha institucionalizado, y aceptado por cierto sector de la sociedad, que una clase que profesionalizan como actividad habitual la sustracción del patrimonio estatal exista, y además, construya a costa de lo público una riqueza propia, o facilite la de amigos, o la de familias enteras.

Nos aterroriza el asesino, el violador, el genocida, el terrorista, el torturador, el estafador, el especulador, el ladrón y el resto de criminales. A pesar de que creemos estar convencidos que en esta enumeración están los peores malhechores, desconocemos la otra gama, que son los que trastean en el bolsillo la propiedad del Estado. Si bien el hombre se regocija con lo que hace y con la fortuna que puede conseguir con su trabajo honrado, mal hacemos en admirar lo que otros adquieren sin el esfuerzo individual utilizando métodos contrarios a las buenas costumbres. Hasta las piedras saben que éstos para garantizar su permanencia, instalan una tiranía desde el gobierno y los órganos que controlan los asuntos públicos, con el fin de mantener la trocha para hurtar los bienes estatales. Para colmo, ciertas personas se convierten encubridoras cuando aceptan que sea su vecino aquél que saquea al Estado, olvidando que la sanción social no se puede negociar.

A un paso de las elecciones locales, más que el ofrecimiento que hacen los candidatos sobre cosas materiales, como cemento, ladrillo, hierro, tejas y contratos, hay que exigirles, como compromiso ético y en beneficio de la patria, que ejerzan sus funciones con decencia y manejen los recursos públicos con transparencia en caso de ganar, de manera que pare la bacanal.

POSDATA: El historiador español Joaquín Setanti, viene a cuento: “Robar, y defender que los que roban no se castiguen, es igual delito”