RENDICIÓN DE CUENTA POR GOBERNANTES

Por Édgar Vergara Figueredo
La rendición de cuenta es un procedimiento legal que los gobernadores y alcaldes salientes deben efectuar, para que la gente se informe sobre lo que han realizado y si verdaderamente cumplieron los puntos ofrecidos en el programa de gobierno inscrito, y en qué medida ejecutaron los proyectos contenidos en los planes de desarrollo aprobados por la Asamblea o el Concejo Municipal o Distrital correspondiente. La rendición de cuenta, no es algo que hace parte del protocolo ni de un acto de gentileza o bondad de los que se van el 31 de diciembre. Es un deber, que tiene el que deja el cargo, y un derecho del ciudadano de recibir la información pertinente con la condición de exigir que sea clara, precisa y oportuna.
Hasta ahora no se conoce un mensaje público donde los gobernadores y alcaldes, por ejemplo, del territorio de la Costa Caribe, muestren sus realizaciones sociales y materiales y la manera como se gastaron tantos millones de pesos durante el tiempo del mandato. El caso de la gobernación de Córdoba es atípico, pues tuvo cuatro autoridades en el transcurso de los cuatro años del periodo, lo cual obliga al saliente a informar sobre qué paso durante ese tiempo, dado que no es posible restringir la rendición de cuenta a la última corta temporada de administración. En esta materia, hay que atender uno de los principios de la función administrativa que es garantizar en todo momento que prime el interés colectivo sobre el particular. ¡Esperamos que así lo haga!

El mal manejo de los grandes presupuestos departamentales y municipales, a sus anchas, y sin vigilancia fiscal y disciplinaria, es el prólogo del asunto. Ante este escenario, los órganos de control superior que operan en el ámbito territorial están obligados a ejercer una vigilancia rigurosa, con el fin de que el ciudadano no se vea engañado, como tampoco los responsables de la rendición de cuenta se burlen de su compromiso de presentar el balance de su gestión de manera entendible y diáfana. No podrían esas entidades de control quedarse de brazos cruzados, más que nunca están en cuarentena, para que de manera oportuna, verifiquen el resultado que presenten los obligados de hacer el mensaje. ¡Esperamos que así sea!

La gente sabe, que en muchas ocasiones, el controlado y el fiscalizador se tapan con la misma sábana, dando una cosecha de desgracia y un final de pérdida de rentas a causa del poder derrochador que han poseído algunos gobernantes. Los ciudadanos en general por su parte, y las veedurías y las ONG’s igualmente, tienen el compromiso de estar presente en esta etapa en que finalizan los gobiernos seccionales y locales. No sería acorde con el mandato legal, que los informes se constituyan en mamotretos que nadie entiende, o apenas en hojas sueltas que nada dicen sobre el manejo de los recursos financieros y la inversión en fines benéficos para las comunidades gobernadas.¡Esperamos que cumplan con su deber fiscalizador!

Es el momento para no olvidar que el empleado público está para salvaguardar la moralidad pública, la transparencia, la objetividad, la legalidad, la honradez, la lealtad, la igualdad, la imparcialidad, la celeridad, la publicidad, la economía, la neutralidad, la eficacia y la eficiencia en el desempeño de su empleo. De otra manera, si no lo hace, pisaría el régimen disciplinario. A pesar de las tareas rutinarias, es evidente que tiene prioridad para los que se van, verificar que el cierre de su gestión se haya hecho correctamente y de acuerdo con las reglas de la ética pública. ¡Esperamos que no violen la norma!

POSDATA: “El que no tiene cola de paja, no debe temer el fuego”, es la esperanza que nos entrega el escritor español Zavala y Zamora.