Edgar Vergara Figueredo
Los pobres siguen y los indigentes aumentan en Colombia. Pobre, es según la tecnocracia criolla, aquel que tenga menos de $271.500 (136 dólares) de ingreso mensual y es indigente el que esté por debajo de $117.000 (59 dólares) mes. La misión “MESEP” del DANE y el DNP, ha revelado, que a pesar de que la pobreza disminuyó, todavía hay más 20 millones y cerca de 8 millones de indigentes. Así son las cuentas. Como puede verse, nadie en el país puede vivir con ese nivel de ingresos, cuando una pieza en arriendo en un barrio humilde cuesta no menos de $100.000 mensual, los productos de la canasta familiar suben y las manufacturas se trepan. No hay que olvidar que la corrupción administrativa es el insumo principal de la estadística del hambre.
Con este resultado no es posible que se cumplan una de las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, como tampoco se va a conseguir que la pobreza decrezca como lo prevé el Plan de Desarrollo Nacional. El esfuerzo fiscal ha sido estropeado por la atención de la seguridad interna, que aunque tiene prioridad, frena la posibilidad de destinar más recursos públicos a la educación y a la creación de empleo, por lo menos en estos frentes que son indispensables para el mejoramiento de la calidad de vida ciudadana. Sin duda, la corrupción administrativa imperante agrava el asunto ya que corroe el ingreso y el gasto oficial, y aumenta en la medida que los órganos de control y de justicia muestren incapacidad para castigar ejemplarmente a los implicados en la rapiña.
De modo que esa es la cifra sobre los marginados. Aunque intuye poca credibilidad, habrá que tenerla en cuenta, sencillamente porque no hay otra fuente que nos reporte una más confiable. La impresión que uno se lleva cuando visita a una ciudad, es alarmante. Encuentra una cantidad de adultos, jóvenes, niños y niñas deambulando por las calles, tugurios enteros pasando hambre y sin horizonte humano a mediano plazo. Lo que uno ve es más sobresaliente de lo que dice el balance público sobre pobreza. Es un grave problema el que tenemos a la vista. Y también es una bomba de tiempo, aunque muchos dirigentes y gobernantes pasen de agache.
La corrupción galopante en el sector público, incrustada en el más alto nivel administrativo al igual que en el paupérrimo departamento o municipio, está en las crónicas de desfalco que dan cuenta del irreparable daño que reciben las comunidades por ese motivo. Cada día nos sorprenden los informes que muestran el mal manejo de los ingresos aplicados al gasto público, como es el caso de los recursos de regalías que se despilfarran con mucha facilidad para convertirse en fuente de enriquecimiento ilícito y catapultar la riqueza particular. El último informe del Departamento Nacional de Planeación (DNP), corrobora sobremanera el derroche de la riqueza de los recursos naturales no renovables por parte de algunas regiones.
Son pocos los departamentos y los municipios que se salvan de estar cohabitando con el delito. Hay 16 departamentos donde se han presentado irregularidades (como las denomina el DNP), entre el año 2008 y el primer semestre de 2009, pero que son realmente “actos de corrupción tremendos”, irreparables, que pueden quedar impunes. Los seis de la Costa Caribe no se salvan. Córdoba, Sucre y La Guajira están en la vanguardia del total, por haberse dado en su territorio 727 irregularidades en materia contractual y en detrimento de las regalías, frente a 494 que se sucedieron en el resto de los trece departamentos cómplices. Asosanjorge en compañía del municipio de Montelíbano en Córdoba, con dos contratos, embolató por sobrecosto $8.300 millones. ¡Allí queda esa perla!
POSDATA: A partir del año 2004, empezó el DNP a “poner la casa en orden”, como irónicamente afirma su Director. ¡Qué tal que no hubiera sido así!
