Edgar Vergara Figueredo
A la gobernadora Marta Sáenz Correa le ha faltado más claridad para responder por las irregularidades denunciadas a través de un control de advertencia que le envió la Contraloría General de la República de Colombia, sustentado en los sobrecostos encontrados en la compra de kits de alimentos para los damnificados del invierno en el departamento de Córdoba que son gentes pobres de la región. La postura de la mandataria en declaraciones entregadas no se ajusta a la conducta de responsabilidad ética que debe observar un funcionario de su categoría. El origen del posible comportamiento delictivo emana de la ejecución de un contrato celebrado entre el operador Cámara de Comercio de Montería y un comerciante Gustavo Adolfo Marín Rincón, derivado del convenio suscrito entre la gobernación y esta Cámara a efectos de ejecutar recursos del Fondo Nacional de Calamidades.
La advertencia fiscal enviada a la gobernadora tiene como soporte un informe de vigilancia, realizado en tiempo real, el cual fue elaborado por un grupo de asesores del despacho de la Contralora General de la República el pasado 7 de marzo, donde se denuncian los sobrecostos en las compras de alimentos en una suma superior a los tres mil trescientos millones de pesos. Dada la situación encontrada por los pesquisidores salió a flote el mal olor del negocio turbio. La tipicidad del compromiso adquirido por la gobernación de Córdoba, demandaba la obligación por la gobernadora de vigilar la inversión de la plata de manera transparente y hacer cumplir, entre otras obligaciones, la de administrar los recursos como lo hace “un buen hombre de negocios o padre de familia responsable”. Como la tarea por parte de la mandataria quedó sin desarrollar, hay una omisión o una posible complicidad en el defalco si se llegara a comprobar definitivamente.
Todos creíamos que como el operador era una entidad categorizada y el trabajo bien remunerado con una suma superior a ciento ochenta y seis millones de pesos, la ejecución del convenio andaría sobre ruedas. Pero salió al revés, como no se dio el cumplimiento de las reglas de buena conducta empresarial, el propósito venal abrió su propio espacio para desarrollarse como un gigante. Ante el bochornoso hecho, la gobernadora considera que como los kits no se han pagado todo es normal, cuando ella sabe que el pago no es requisito para la consumación del delito.
Como el control de advertencia dirigido a la mandataria es el fruto de la pesquisa puesta a disposición del despacho de la Contralora Sandra Morelli Rico, se esperaba una explicación diáfana de ella, pero la funcionaria ha tenido una táctica evasiva y con amago de confundir a la opinión pública de Córdoba y del país, como quien dice aquí no ha pasado nada, repitiéndose la misma conducta ante hechos similares acontecidos con anterioridad. ¿Será que ahora tampoco pasará nada?
En caso de confirmarse la evidencia, el negocio celebrado entre la Cámara de Comercio y el proveedor de los kits ocasionaría un enorme daño al patrimonio público, puesto que uno fue el precio del proveedor en su tienda y otro el precio más caro facturado al operador. O que es igual, uno el precio facturado y otro el precio más barato de los productos en el mercado local. También en el informe se denuncian irregularidades en el proceso de selección del proveedor de los kits y en el origen de los productos, lo que sería objeto de profundización por la auditoría. De modo que la última palabra la tiene la Contraloría General de la República y los demás órganos de control estatal. Los discursos del Presidente Santos y el de la propia contralora no podrían venirse abajo, ellos han prometido al país que quien se robe un centavo de esa plata le caerá todo el peso de la ley.
POSDATA: Como el hecho es de morrocotudo tamaño, se justifica que resuciten los asiduos veedores ciudadanos, sin miedo y comprometidos en la defensa de los dineros públicos.
