Edgar Vergara Figueredo
Desde el año pasado han venido estallando uno tras otros grandes escándalos en la contratación pública que todavía no cesan, cocinados en los errores cometidos por las autoridades de las entidades oficiales, algunos de esos casos confirmados ahora, a pesar de haberse rumoreado con anterioridad en los medios sociales. Por la dimensión de lo que se decía, los hechos vienen atrayendo la atención ciudadana porque son una vergüenza, tienen secuelas económicas y sociales y repercusiones devastadoras en la economía pública, aún sin terminarse las investigaciones la atención de la gente está en el resultado final de la actuación de los órganos de control y de la justicia.
A propósito del caso, el diario La República, publicó recientemente una entrevista realizada a un grupo de constructores y analistas, la cual tiene como corolario que la corrupción se atribuye a los malos hábitos en la contratación pública, apoyado en varias causas que fueron sujeto de análisis por los participantes. Entre esas causas se anotan: los cambios de los diseños en las licitaciones; la mala utilización de los anticipos; el uso de materiales no apropiados; los consorcios con extranjeros de papel; la existencia de empresas que aparentan grandeza; en las constructoras hay más abogados que ingenieros; el incesto entre el que hace y el que revisa; la voracidad de los contratistas a la hora de hacer negocios; las mismas empresas intervienen en varias licitaciones; el incumplimiento con lo contratado; y la cotización barata para ganar cuando sale bastante caro.
Al igual, existe una práctica común, el contenido de los pliegos de condiciones hecho a la medida de la propuesta del seleccionado, descubriéndose casos en que los pliegos han sido elaborados por los propios contratistas. Otra evidencia, que en este momento denuncia el Superintendente de Sociedades, es la carencia de contabilidad y organización administrativa por parte de las sociedades constructoras, que convierte a las operaciones de los negocios en una telaraña difícil de desenredar cuando ocurren irregularidades. No obstante que esto no es nuevo, se esperaba que los controles permanecieran encendidos para hacer cumplir las reglas contables y las normas jurídicas, pero por todo lo ocurrido es evidente que las autoridades omitieron demasiado para llegar al escenario que ahora estamos presenciando.
En todos los casos enumerados, esos hábitos dañinos no funcionan por sí solos sino que van acompañados de tolerancia y complacencia entre las entidades contratantes, los constructores y los interventores, que da por resultado una unión para delinquir enredando el desenvolvimiento de los negocios entre el Estado y los particulares. Es un vicio incrustado en la administración pública y en el pensamiento de los oferentes, el cual es causado por la ausencia de reglas ex ante que dirijan el desempeño de los gobiernos, lo ideal sería contar con un mapa vial abierto al público por donde transiten la adjudicación, la ejecución y la terminación de las obras públicas.
La enjundia del asunto es el hecho de que no siempre licitan empresas serias, común es que se cuelen muchas manejadas por personas megalómanas que ganan conquistando al funcionario adjudicador. Esta cohesión es indigna, no es de esperarse nada bueno de ella, lesiona los intereses de la comunidad y es gravosa para el Estado. Aunque no hay certidumbre que en el futuro todo vaya a mejorar, a los colombianos la angustia los llena de temor de estar legándose malos ejemplos a sus hijos.
POSDATA: Grande es la sabiduría del filósofo griego Pitaco: “El Estado es feliz cuando los malos no pueden mandar en él.”
