Hay un
alto grado de corrupción en la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía
Nacional que no es nuevo, y se extiende a sus apéndices regados por todos los
departamentos de Colombia. Basta oír al Comandante de la Policía de Tránsito de
Cundinamarca, Otaín Rodríguez Suárez, para confirmar lo que tiempo atrás la
gente viene denunciando. El susodicho Otaín sostiene que en las carreteras está la “money pulpita, como en un
cajero electrónico.” ¡Más claro no canta un gallo!
O sea
que los agentes bajo su mando así hacen fortuna para engrosar el bolsillo de
los mandamás. Me llegó un caso en dos escenas: en la primera, el ciudadano
transitaba el 23 de diciembre pasado por la carretera que de Bogotá conduce a Chiquinquirá,
cuando entre los municipios de Tausa y Ubaté apareció un agente de tránsito del
municipio de Cajicá (que está a hora y media de distancia). Al detenerlo le
advirtió que había adelantado en doble línea en pendiente, lo cual el ciudadano
refutó teniendo como testigos a sus dos acompañantes. El policía contestó:
“pueden ser ustedes 3 o 20, pero yo soy la autoridad.” El policía, con placa
087362, le impuso la orden de comparendo 99999999000002320246.
Segunda
escena: Siendo SIMIT la entidad que recauda a nivel nacional las multas de
tránsito, al día siguiente, 24 de diciembre, el ciudadano se acercó dentro del
término para acceder al descuento del 50% si la multa se paga dentro de los 5
días siguientes. No obstante, no pudo pagar, puesto que la oficina se
encontraba cerrada. Volvió el 31 de diciembre, o sea al tercer día hábil, para
hacer la misma gestión pero la oficina seguía cerrada.
Regresó
el lunes 4 de enero, o sea el cuarto día hábil, y para su sorpresa le negaron
el descuento, argumentando que si bien SIMIT había estado cerrado, el ciudadano
debió haber pagado en Cajicá. Burlado en su buena fe tuvo que pagar el 75% de
la multa y asistir a un curso de 2 horas.
POSDATA: Es
urgente que el Presidente de la República tome una decisión frente al
cuestionado General Rodolfo Palomino, al igual que solicite a la Federación
Colombiana de Municipios, administradora del SIMIT, que ajuste su plataforma a
la ley, pues no es lógico que si el sistema es nacional y cierra por
vacaciones, un comparendo impuesto en Bogotá a un ciudadano de Montería, deba
ser pagado por este solo en Bogotá, cuando no vive ahí. Y por último recordarle
a los policías el respeto a la ciudadanía: entre “yo soy la autoridad” y “¿no
sabe quién soy yo?” no hay ninguna diferencia.
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y marea se entregó a dedo ISAGEN.
(15-12-16)