Edgar Vergara Figueredo
Malos reyes, muchas leyes, es un refrán. Así sucede en Colombia, a la
mala interpretación de la ley o al desconocimiento de la existente se propone
otra. Los políticos, los lobistas del estado y los que administran justicia son
los que más exigen. Los políticos porque es su oxígeno y les garantiza
continuar en el poder; los lobistas para ajustarlas a sus requerimientos
personales y económicos; y los administradores de justicia para acreditar su
existencia, entre más leyes más jueces.
Desgraciadamente algo parecido ha pasado con el derecho de petición
que a pesar de ser muy viejo en nuestro régimen constitucional sigue en
infortunio. Inicialmente, consagrado en el artículo 157 de la Constitución de
Cúcuta de 1821, luego en el artículo 45 de la Constitución de 1886 y
posteriormente incluido como derecho fundamental en la Constitución de 1991. A
pesar de todo, es el derecho ciudadano más violentado por los funcionarios
públicos y por los particulares.
Recientemente se expidió la Ley 1755 de 2005, la cual de nuevo lo
regula, sustituyendo un título del Código de Procedimiento Administrativo. La
nueva ley en pleno estreno ya tiene resistencia entre los mismos protagonistas
de las organizaciones que lo han pisoteado y han jugado con la buena fe de la
gente. Como será el apetito por las leyes que hasta la Corte Constitucional legisla sustituyendo al congreso de la república.
La Ley 1755 de 2015 tiene algunas pequeñas novedades que no estaban en
el Código Administrativo, así por ejemplo, el artículo 13 sobre objeto y
modalidades del derecho de petición, consagra la obligación de obtener una
respuesta, que además de pronta, debe darse completa y de fondo.
Pero como siempre, no está ausente el funcionario del gobierno o el
congresista que mete el gol. El artículo 31 del modificado Código
Administrativo, que castigaba la desatención de las peticiones y el
desconocimiento de los derechos, como falta gravísima, ahora la Ley 1755 solo
habla de falta, quitando la calificación de gravísima. Fue un sofiscado gol
lanzado desde el centro del estadio.
Normalmente las personas infringe la ley por ignorancia, por
imprudencia, por cincunstancias políticas o condición social de la persona, o
por incredulidad en los encargados de vigilar su aplicación. Y en nuestro país
esa es costumbre.
POSDATA: Dicho por
el gobernador del imperio romano Cornelio Tácito: «Siempre son muchas las leyes
en un Estado corrompido.».
(18-03-16)
