Edgar Vergara Figueredo
Los tres grandes problemas
que perciben los colombianos son la corrupción, el desempleo y la delincuencia,
según encuesta. Si los ciudadanos no
quieren que haya robadera de impuestos, tienen que meterse de lleno a combatir
a los corruptos. En buena hora la senadora Claudia López, promueve una consulta
popular anticorrupción, cuyo objetivo es conseguir mediante las urnas, una
votación cuantiosa que respalde un propósito nacional de acabar con el mayor
flagelo que atenta contra el progreso de la nación.
¡No aguantamos más! Nos
acostamos y al levantarnos, de inmediato, aparece el nuevo denuncio de algún
escabroso asalto al tesoro público nacional o local, ejecutado por funcionarios
oficiales que se alían con el sector privado para timar. Hace poco se robaban
$22 billones anuales, ahora el contralor general de la república, Edgardo Maya,
calcula la pérdida de recursos públicos en $50 billones (elpais.com.co). Suma
que se acrecentará en caso de que no seamos buenos patriotas para atajar la
caterva, convertida en importante cuando se trata de robar.
La ley 1474 de 2011 ha
sido insuficiente para quebrar el hurto. La legislación de contratación tiene
mucha falencia, intencionalmente preparada con normas de fácil adecuación al
delito y amparar al pillo profesional.
Otros intentos de legislar para acabar con la corrupción se han frustrado en el
congreso de la república. La corrupción florece con la reelección de los
congresistas, diputados y concejales y sus parientes, incluido el reparto de
dinero a los miembros del congreso por parte del gobierno nacional. Sin
desconocer los huecos que tiene la legislación electoral por donde se meten los
delincuentes para llegar a las más altas esferas de la política.
La debilidad de la
legislación penal, de la administración de justicia y de los órganos de
control, le facilitan al caco el camino para que se apodere de la plata
pública. Apenas el 25% de los condenados por corrupción pagan detención
intramural. Desde luego, con todas las garantías: buena comida, licor, parrandas y mujeres
dentro del penal. En un reciente
informe sobre contratación pública, la Auditoría General de la República
advierte que el 83 % de los contratos en las regiones (departamentos y
municipios) se entregan a dedo. O sea al mejor recomendado del político
dueño de la gobernación o de la alcaldía.
Las contralorías
departamentales, distritales y municipales se convirtieron en entidades
cómplices de la corrupción. En un ambiente alejado de honestidad, no es técnico
que en cada capital y departamento exista una contraloría. Muchos de quienes
hoy ostentan ese cargo, son personas desechadas por su bajo nivel de
transparencia pública, al tener como pasado un inventario de oscuro proceder.
POSDATA: Hasta el contralor general de la república, Maya, ha recomendado la
liquidación de las contralorías regionales, puesto que resultan coautores de la
corrupción en ese ámbito.
(03-02-17)
