PLANES Y NECESIDADES PÚBLICAS

Una talanquera que se presenta en el propósito de disminuir la pobreza y solucionar los problemas colectivos son los malos gobiernos, ya sean del ámbito nacional, distrital, departamental o municipal. El próximo mes de octubre se eligen gobernadores, alcaldes, diputados y concejales. Los elegidos, en particular, tienen obligaciones que cumplir para responder a lo prometido a la ciudadanía durante la respectiva campaña. Esta cuestión debe ser lo importante para los seleccionados, más que la remuneración y el disfrute del poder. ¡Lástima que todos no pensemos igual!

La nueva gestión de los elegidos por el voto popular en el curso de los cuatro años venideros, deberá girar alrededor de los planes de desarrollo que adopte cada ente territorial. En materia de planes de desarrollo, existe un compromiso del país y de sus dirigentes, que no podría omitirse y por lo tanto debe ser una referencia sustancial en la etapa de elaboración de dichos planes. Se trata de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), adoptados por los países miembros de las Naciones Unidas, el cual suscribió Colombia. La articulación es fundamental, al hacer referencia los puntos a temas que tienen que ver con nuestras dificultades y mala calidad de vida humana.

Como los propósitos de los ODM son importantes, se hace necesario introducirlos en los planes, siendo ocho los comprendidos: 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre; 2. Lograr la enseñanza primaria universal; 3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer; 4. Reducir la mortalidad infantil; 5. Mejorar la salud materna; 6. Combatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades; 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Como se ve, ninguno de estos puntos está ausente de la realidad que vivimos, por eso la necesidad de tenerlos en cuenta a la hora de elaborar los planes de desarrollo territoriales.

De este modo, la inversión pública contenida en los planes plurianuales tendría que mostrar la cantidad de recursos destinados a estos frentes y la descripción de los proyectos que deben reflejar las metas que se quieran conseguir. Un gobierno, desde el inicio, se podría calificar de bueno o malo, si desde los planes de desarrollo muestra verdaderamente la intención de soluciones reales a las necesidades públicas ciudadanas, sin ir a prometer cosas más allá del potencial de recursos financieros institucional. ¡Y cuidado con el endeudamiento! Después, en la etapa de la ejecución, se podría comprobar hasta qué punto fue la intención del gobernante de lograr lo prometido en el plan propuesto y aprobado. Lo normal, es que el plan se ejecute en un ciento por ciento. De otro modo, queda la idea de la falsedad de la política.

Los planes de desarrollo territoriales, además de contemplar los beneficios que reciben los particulares de las inversiones públicas, deben señalar la cooperación del sector privado y los donantes (estos últimos si los hubiere) en el desarrollo local, pues no es lógico lo uno sin lo otro. Esto nos obliga a articular los planes territoriales con la actividad particular y con los planes del gobierno central. Esta última consideración emanada de la propia Constitución Política, que ordena que las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos. Para bien de todos, queda esta idea, esperando que el compromiso de estructuración formal, legal e internacional, se cumpla y se evite la brecha entre promesas y realidad.

POSDATA: Situarse entre la prudencia y la temeridad es el mejor consejo en materia de preparación de planes, para no desconcertar a la población.