El aumento del costo de vida en el periodo enero-mayo del presente año fue elevado frente a las expectativas, al situarse en 4.42%. Frente a este indicador, hubo motivo para que el gobierno nacional festejara en consejo comunal, algo inusual, el resultado de mayo que apenas alcanzó el 0.30%, índice inferior al registrado en los meses anteriores: enero, febrero, marzo y abril que fueron críticos en materia de alzas. Al contrario de mayo, en los ciclos aquellos desbordados, el silencio oficial fue total, pero ciertos sectores académicos no callaron, denotaron la preocupación del hecho. En ese entonces, llamó la atención el aumento de precios de los alimentos que venía ascendiendo por la escalera empinada, entre los que se encontraba la carne vacuna, cuyo precio está por el cielo.
No obstante, que la propia Fedegan acepta lo que está pasando con el importe de la carne, y anuncia una posible baja para el futuro, los consumidores piensan distinto por el convencimiento de que lo que sube nunca baja. El anuncio de la federación de ganaderos puede ser un paliativo dirigido a impedir la importación de carne, olvidándose que el precio es la consecuencia de la especulación o de la escasez en el mercado nacional (existe uno o lo otro), ante lo cual no vale la retórica gremial sino abrir el camino de la importación del faltante. Los ganaderos y los intermediarios del mercado tienen que entenderlo ya que el asunto se relaciona con la alimentación de la gente. ¡Es el pan de cada día!
Con lo que está pasando, la inflación prevista por el Banco de la República para el año 2007 entre 3.5% y 4.5% es cosa del ayer, porque la acumulada de los cuatro meses transcurridos proyecta otra realidad que podría sorprender al cierre del presente año. Es menester, tener en cuenta que en el primer cuatrimestre del año 2006 fue inferior (2,71%), esta razón dispara otra cosa y no hay seguridad de que la inflación siga el sendero de mayo, lo más seguro es que mantenga un ritmo de crecimiento que podría conducir a una del 7% anual en 31 de diciembre. En este caso, la golpeada es la clase trabajadora.
Para recomponer la economía, el gobierno central designó una comisión integrada por cinco economistas, todos exfuncionarios oficiales, que finalmente plantearon algunas soluciones (convenientes, según ellos) para el encauzamiento de la economía nacional. Pues de lo que se entiende, la recomendación se convierte en una receta tradicional, cortoplacistas y de finalidad ciento por ciento neoliberal. Con excepción de la baja de los aranceles de los productos alimenticios (maíz blanco, carne de res, pollo, leche), como medida necesaria, lo de la venta de empresas públicas y el recorte del gasto se ajustan a la tendencia de “dejar hacer”. La administración Uribe, a través del ministro de hacienda, ya rechazó algunas de las proposiciones, lo que comprueba que las comisiones de estudios se convierten en un ejercicio de pasatiempo con poco provecho para resolver situaciones difíciles.
Por ejemplo, entre los pedidos del comité, está el recorte inmediato del presupuesto nacional en un monto de $1.5 billones, que ni el mismo gobierno lo ve tan cerca que pueda hacerlo, cuando lo que está buscando es estirarlo ante la demanda de más dinero, como resultado de los ofrecimientos extrapresupuestales del Presidente en sus visitas regionales. A pesar de que es un objetivo del Estado resolver las necesidades de la gente en el momento oportuno, los actos del primer mandatario resultan adversos a una política de gasto ordenada, con menoscabo de poder encauzarla por la vía de la racionalización, asunto contrario a lo que pide la comisión. En un régimen en que el poder está concentrado en el Presidente y quien ejerce el cargo es un político de pura sepa, es difícil que a éste se le pueda quitar el manejo de la caja menor. Normalmente, los economistas del altiplano que poco conocen al país no entienden la escasez territorial y menos el mensajero que carga la maleta.
POSDATA: Remedando a Jeffrey Sachs: La propuesta de la comisión gubernamental no forma parte de la práctica de la economía clínica real del problema nacional.
PRECIO Y GASTO PÚBLICO
