VOTO LIMPIO, O SUCIO

La noticia procedente de todos los rincones del país llega al CNE (Consejo Nacional Electoral), informando que los agentes partidistas traman un fraude, gestándose en los mismos territorios de siempre, en donde la democracia vienen hiriéndose de tiempo atrás. En orden alfabético, en este momento, Antioquia, Atlántico, Bogotá D. C, Bolívar, Boyacá, Casanare, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Guajira, Magdalena, Nariño, Santander, Valle y Vichada, encabezan la fila de trashumancia de cédulas de ciudadanía, cuando todavía se espera que el número de regiones afectadas por la zancadilla aumente en la medida que el correo se radique en la respectiva oficina del ente controlador.

Son más de mil denuncias por fraude de inscripción de cédulas que están en poder del CNE. Buen trabajo para los magistrados de este tribunal que tendrán que verificar los datos enviados y fallar cuanto antes para impedir que se lleve a cabo el timo. El pronunciamiento del CNE deberá sucederse rápidamente y con anterioridad al tiempo señalado por la ley para resolver. Por supuesto, acompañado del castigo ejemplar para los autores intelectuales y materiales del delito. El proceso electoral de octubre ya está manchado por los indicios y lo que se presume que vendrá es grave si no se hace la corrección con prontitud por la autoridad electoral.

En Córdoba, los municipios de Montería, Momil, Purísima, Sahagún, San Bernardo del Viento y San Carlos están en entredicho porque se denunció el trasteo de cédulas oportunamente. Ahora se espera la verdad. En el departamento del Cesar no dejan de prosperar las amenazas, y desde el vecino Sucre no llegan noticias buenas, no hay confiabilidad entre su gente porque la expoliación está presente. No cree la ciudadanía en este último departamento que el debate sea tan limpio como lo suponen algunos allegados a los aspirantes, ven cerca la rapiña que está boyante para dar el zarpazo y ganar el gobierno siguiendo el mismo camino con peores resultados para la comunidad.

Tanto los delitos penales al ejercicio de los mecanismos de participación democrática como sus sanciones están previstas en el código penal, al definir once que atentan contra el voto libre del ciudadano. Dos de estas transgresiones pueden sucederse en este mismo instante. La denegación de inscripción por parte de un servidor público al no cumplir con este mandato respecto a candidato o lista de candidatos. El fraude en inscripción de cédulas (caso que estamos observando), por parte de cualquiera que logre inscribir documento o cédula de ciudadanía de personas habilitadas para votar en una localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde hayan nacido o residan, con el propósito de obtener ventaja en elección popular.

Los autores de los otros nueve quebrantamientos enumerados en el código penal podrían aparecer más adelante, cuando se avecine el día de las elecciones o en el momento de la votación. Nadie distinto al ciudadano podría controlar con seriedad la escalada de fraudes electorales que se estarían planeando desde ciertas guaridas de caciques y caciquitos que manejan la política tramposamente. No es un fenómeno aislado, está conectado a los ejes de mandos de las campañas. Desde ya se presiente que las elecciones de octubre tendrán muchos oscuros y por lo tanto no se podría hacer creer a la gente que no pasará nada. Necesario es estar atento, observando de frente el escenario y sus desarrollos, así nada escaparía de la vista del público. Consecuente con lo anterior, hay que estar listo a denunciar el fraude en bien de la moralización política de la patria. A pesar de existir reglamentaciones que impiden la trampa, los legisladores hacen leyes para abrir el hueco. Prueba de ese despelote, es el código de ética del congresista que acaba de ser aprobado por el Congreso, con expresa violación del artículo 277 de la Constitución Política y de la buena reputación de la gran mayoría de los colombianos. Si el Presidente de la República sanciona este “gorila”: ¡apague y vámonos!

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