Edgar Vergara Figueredo
No termina un escándalo de corrupción cuando empieza otro, teniendo como actores principales a servidores públicos. Ahora son algunas notarías. Casualmente, oficinas que son garantes de la fe pública aparecen controvertidas, por omisión al incumplir funciones propias de su resorte. Dos dependencias del Estado, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y la Subdirección de Cobranzas de la DIAN, ambas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, han denunciado públicamente la existencia de irregularidades en varias notarías que funcionan en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, y en municipios perteneciente a los departamentos de Casanare, Cesar, Córdoba, Guaviare, Meta, Nariño, Santander, Sucre y Valle.
Las denuncias, como son tan graves, atentan contra la campaña que se lleva a cabo para atacar el lavado de activos, fenómeno común empleado por los narcotraficantes para limpiar las fortunas de origen ilícito, y además, la evasión de impuestos. Nada más contrario a las buenas costumbres, es el hecho de haber omitido la remisión de información a la Uiaf, referida a la realización de los actos jurídicos autorizados y encaminados a la ejecución del delito de lavado de activos, y además, retener tributos de propiedad del tesoro nacional que no han debido quedarse en cuentas particulares.
Con este nuevo alboroto, la gente podría pensar que estamos al borde del abismo, al enfrentarnos a una época de crisis ética y moral de ciertos funcionarios que administran asuntos oficiales. Pues, la cuestión no es nueva. Sin embargo, esto es bueno, porque sabemos que todo lo que está pasando es reflejo de la baja reputación de algunos personajes que manejan la prestación de los servicios públicos en nuestro país; y mediante esta delación, si prospera, se van a conocer. Ojalá que sean castigados, con la remoción de sus cargos, y no premiados como suele ser la costumbre. No faltarán los protectores políticos que buscarán que se tapen sus andanzas.
El común ciudadano se está preguntando lo siguiente: ¿Acaso, no es la Superintendencia de Notariado y Registro la entidad encargada de vigilar a los notarios? ¿Qué hacía esta entidad, cuando se sucedieron los hechos? ¿Hubo omisión de parte de la Superintendente? Son interrogantes que deben resolver los órganos estatales encargados de la investigación para encontrar a otros culpables de las irregularidades, además, de los notarios ya detectados por la Uiaf y la DIAN. Sin duda, si se hiciera una indagación más exhaustiva, se podría comprobar que los implicados en este caso de corrupción conocido, hacen parte del grupo que se opone, a través de tutelas y acciones leguleyas, a que haya concurso para el respectivo nombramiento en propiedad de los notarios. Así se deduce, que de manera directa e indirecta, está la mano de algunos que hoy ejercen este cargo, para que siga la eterna interinidad, lo cual contradice palmariamente el espíritu del artículo 131 de la Constitución Política que dispone el concurso.
Es de público conocimiento, que así como hay una buena cantidad de personas que ejercen el notariado y tienen excelentes méritos académicos y morales, igualmente hay ovejas negras que fueron promovidas a este cargo sin cumplir el menor requisito para su desempeño y con antecedentes de indelicadezas. En la picaresca nacional, las notarías se han convertido en un sostén económico de la clase política, y por ellas se juegan la suerte muchos dirigentes partidistas que las consideran un fortín burocrático y una fuente de financiación. El día que se les eliminen aquellas tareas que sobran, como la autenticación, y se les quiten determinados trámites, se abriría el camino para depurar el ambiente enrarecido que las rodea.
POSDATA: “Los gobiernos pueden otorgar honores, pero no el honor”, es sabiduría del historiador italiano Niccolo Persichetti.
Las denuncias, como son tan graves, atentan contra la campaña que se lleva a cabo para atacar el lavado de activos, fenómeno común empleado por los narcotraficantes para limpiar las fortunas de origen ilícito, y además, la evasión de impuestos. Nada más contrario a las buenas costumbres, es el hecho de haber omitido la remisión de información a la Uiaf, referida a la realización de los actos jurídicos autorizados y encaminados a la ejecución del delito de lavado de activos, y además, retener tributos de propiedad del tesoro nacional que no han debido quedarse en cuentas particulares.
Con este nuevo alboroto, la gente podría pensar que estamos al borde del abismo, al enfrentarnos a una época de crisis ética y moral de ciertos funcionarios que administran asuntos oficiales. Pues, la cuestión no es nueva. Sin embargo, esto es bueno, porque sabemos que todo lo que está pasando es reflejo de la baja reputación de algunos personajes que manejan la prestación de los servicios públicos en nuestro país; y mediante esta delación, si prospera, se van a conocer. Ojalá que sean castigados, con la remoción de sus cargos, y no premiados como suele ser la costumbre. No faltarán los protectores políticos que buscarán que se tapen sus andanzas.
El común ciudadano se está preguntando lo siguiente: ¿Acaso, no es la Superintendencia de Notariado y Registro la entidad encargada de vigilar a los notarios? ¿Qué hacía esta entidad, cuando se sucedieron los hechos? ¿Hubo omisión de parte de la Superintendente? Son interrogantes que deben resolver los órganos estatales encargados de la investigación para encontrar a otros culpables de las irregularidades, además, de los notarios ya detectados por la Uiaf y la DIAN. Sin duda, si se hiciera una indagación más exhaustiva, se podría comprobar que los implicados en este caso de corrupción conocido, hacen parte del grupo que se opone, a través de tutelas y acciones leguleyas, a que haya concurso para el respectivo nombramiento en propiedad de los notarios. Así se deduce, que de manera directa e indirecta, está la mano de algunos que hoy ejercen este cargo, para que siga la eterna interinidad, lo cual contradice palmariamente el espíritu del artículo 131 de la Constitución Política que dispone el concurso.
Es de público conocimiento, que así como hay una buena cantidad de personas que ejercen el notariado y tienen excelentes méritos académicos y morales, igualmente hay ovejas negras que fueron promovidas a este cargo sin cumplir el menor requisito para su desempeño y con antecedentes de indelicadezas. En la picaresca nacional, las notarías se han convertido en un sostén económico de la clase política, y por ellas se juegan la suerte muchos dirigentes partidistas que las consideran un fortín burocrático y una fuente de financiación. El día que se les eliminen aquellas tareas que sobran, como la autenticación, y se les quiten determinados trámites, se abriría el camino para depurar el ambiente enrarecido que las rodea.
POSDATA: “Los gobiernos pueden otorgar honores, pero no el honor”, es sabiduría del historiador italiano Niccolo Persichetti.
