Edgar Vergara Figueredo
No hay un día que pase, sin que se descubran robos de dineros oficiales o se utilicen bienes del mismo origen para favorecer a particulares. Hace algún tiempo, se hicieron las primeras publicaciones sobre casos de corrupción cometidos a través de negocios fiduciarios. Y ahora, se lleva a cabo el destape de la feria de contratos leoninos realizados por Fiduagraria y Fiduprevisora. Parece ser que la fiducia es el instrumento, mediante el cual, se facilita el desfalco de las arcas públicas de un tajo. Se demuestra que los malos negocios en que el Estado pierde plata apenas se descubren cuando son de gran tamaño y hacen un tremendo hueco en las finanzas públicas nacionales. Lo territorial se omite. Son problemas que asombran y salen a la luz pública después de haber pasado por encima de todas las barreras que procuran influyentemente ocultarlos.
En este caso concreto, de dos sociedades del Estado, fue la prensa nacional, la que movilizó con mucha facilidad sus recursos tecnológicos para poner en evidencia las irregularidades. En su propósito, promovió las entrevistas pertinentes con los actores, sin lograr una explicación clara por parte de los correspondientes administradores y beneficiarios. Todo quedó como antes. Si bien, las primeras pesquisas del delito por parte de los medios de comunicación social, trataron de aclarar los hechos y encontrar la verdad, queda en el público la sensación de que no son efectivos los controles estatales para la salvaguarda de la integridad física de los recursos.
Es triste, haber tenido que leer y oír a través de la prensa escrita y la radio, las explicaciones de quienes dirigen las sociedades fiduciarias comprometidas, porque ellos no asumieron su responsabilidad. Frente, a lo que la ley les atribuye a estas corporaciones, como deberes indelegables, de realizar diligentemente sus actos, de invertir los bienes provenientes del negocio fiduciario en la forma prevista en el acto constitutivo y proteger los bienes fideicomitidos contra actos de terceros, entre otros, las declaraciones entregadas aún confunden más.
Mientras fiducia, significa fe y confianza, y los órganos del Estado (nacional, departamental, distrital y municipal) recurren a este sistema de administración de recursos para evitar que los dineros y los bienes públicos tomen un curso distinto al señalado por el Congreso, las Asambleas y los Concejos, la situación es otra. A espaldas de esa orientación legislativa y administrativa que se ordena en los presupuestos anuales, se hacen negocios torcidos, por vía de fiducia, para favorecer a muchas personas naturales y jurídicas, como se ha comprobado. Operaciones, que en algunas ocasiones, resultan no ser del resorte propio de las respectivas entidades oficiales, pero sí facilitan el detrimento de lo público en los distintos niveles de la administración.
Se sabe que muchos gobiernos de departamentos y de municipios del país, han trasferido sus recursos a fiducia con miras a que sean manejados correctamente y aplicados a los fines específicos determinados en los presupuestos respectivos, con la condición contractual de que no se omita el procedimiento ordinario de contabilización y ordenación de gasto. A pesar de esto, se conocen casos en que las entidades territoriales vienen confiando demasiado en este tipo de administración y descuidan los controles que deben ponerse en operación para evitar cosas graves que pueden suceder. Así, en vez de cumplirse el objetivo fiduciario, se deja abierta la llave para que los dineros se dirijan a otras manos y de paso se violen claras normas fiscales relativas al manejo presupuestal y financiero. Pues, ni pensar en lo que podría estar sucediendo, en el manejo de recursos oficiales que hoy están a cargo de muchas fiduciarias privadas, si la vigilancia y la auditoría pública es insuficiente. ¡Ojo, señores gobernadores y alcaldes!
POSDATA: Bien lo ha señalado el polígrafo español Francisco de Quevedo: “El mayor despeñadero, la confianza”
En este caso concreto, de dos sociedades del Estado, fue la prensa nacional, la que movilizó con mucha facilidad sus recursos tecnológicos para poner en evidencia las irregularidades. En su propósito, promovió las entrevistas pertinentes con los actores, sin lograr una explicación clara por parte de los correspondientes administradores y beneficiarios. Todo quedó como antes. Si bien, las primeras pesquisas del delito por parte de los medios de comunicación social, trataron de aclarar los hechos y encontrar la verdad, queda en el público la sensación de que no son efectivos los controles estatales para la salvaguarda de la integridad física de los recursos.
Es triste, haber tenido que leer y oír a través de la prensa escrita y la radio, las explicaciones de quienes dirigen las sociedades fiduciarias comprometidas, porque ellos no asumieron su responsabilidad. Frente, a lo que la ley les atribuye a estas corporaciones, como deberes indelegables, de realizar diligentemente sus actos, de invertir los bienes provenientes del negocio fiduciario en la forma prevista en el acto constitutivo y proteger los bienes fideicomitidos contra actos de terceros, entre otros, las declaraciones entregadas aún confunden más.
Mientras fiducia, significa fe y confianza, y los órganos del Estado (nacional, departamental, distrital y municipal) recurren a este sistema de administración de recursos para evitar que los dineros y los bienes públicos tomen un curso distinto al señalado por el Congreso, las Asambleas y los Concejos, la situación es otra. A espaldas de esa orientación legislativa y administrativa que se ordena en los presupuestos anuales, se hacen negocios torcidos, por vía de fiducia, para favorecer a muchas personas naturales y jurídicas, como se ha comprobado. Operaciones, que en algunas ocasiones, resultan no ser del resorte propio de las respectivas entidades oficiales, pero sí facilitan el detrimento de lo público en los distintos niveles de la administración.
Se sabe que muchos gobiernos de departamentos y de municipios del país, han trasferido sus recursos a fiducia con miras a que sean manejados correctamente y aplicados a los fines específicos determinados en los presupuestos respectivos, con la condición contractual de que no se omita el procedimiento ordinario de contabilización y ordenación de gasto. A pesar de esto, se conocen casos en que las entidades territoriales vienen confiando demasiado en este tipo de administración y descuidan los controles que deben ponerse en operación para evitar cosas graves que pueden suceder. Así, en vez de cumplirse el objetivo fiduciario, se deja abierta la llave para que los dineros se dirijan a otras manos y de paso se violen claras normas fiscales relativas al manejo presupuestal y financiero. Pues, ni pensar en lo que podría estar sucediendo, en el manejo de recursos oficiales que hoy están a cargo de muchas fiduciarias privadas, si la vigilancia y la auditoría pública es insuficiente. ¡Ojo, señores gobernadores y alcaldes!
POSDATA: Bien lo ha señalado el polígrafo español Francisco de Quevedo: “El mayor despeñadero, la confianza”
