LA BRECHA DE LA ESTABILIDAD POLÍTICA

En este momento en que el país se encuentra convulsionado por una crisis política originada en las alianzas de un sector de la clase política colombiana con el paramilitarismo y a consecuencia de este fenómeno, por las afectivas acciones emprendidas por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, lo más importante que puede ofrecer el ciudadano común y corriente y sus organizaciones es apoyar para que se aplique la ley, con el fin de proteger a las víctimas y a la sociedad colombiana del acuerdo diabólico dañino parapolítico.
El escándalo es el producto de la combinación corrupta del narcotráfico, del dinero y del poder. Lo cual ha carcomido el tejido social y aumentado la pobreza, como consecuencia del narcotráfico, del saqueo a las tesorerías públicas, de la generación de violencia como método irregular para conseguir el financiamiento de la política, del apoderamiento del Congreso y de algunos sectores de las otras ramas del poder público. Esta peligrosa situación viene siendo un serio impedimento para llevar a cabo el desarrollo económico y social de nuestras regiones, a fin de alcanzar la transformación de las estructuras de pobreza y miseria de las personas que hoy están marginadas de la economía y de sus beneficios sociales.
En un ambiente polarizado y de incertidumbre como el que estamos viviendo, no es posible asegurar un futuro tranquilo para las siguientes generaciones, como tampoco pensar en alcanzar los objetivos y las metas previstas para el segundo centenario de la República hacia el año 2019, como se proyecta en el documento catalogado: “Visión Colombia II Centenario”. Por cierto, este plan que fue una iniciativa del Presidente Uribe quedaría en veremos; pues sin justicia y sin derecho, por más optimismo que se tenga en este momento y en el futuro, sería una utopía como brújula del desarrollo y del progreso. Está apoyado sobre cuatro grandes objetivos: una economía que garantice mayor nivel de bienestar; una sociedad más igualitaria y solidaria; una sociedad de ciudadanos libres y responsables; y un Estado al servicio de los ciudadanos. Nada de esto es posible si persiste el despilfarro y el robo de recursos públicos, la injusticia jurídica, la violación a los derechos humanos y fundamentales, la incredulidad de las instituciones y la ruptura entre el Estado Social de Derecho pregonado en la Carta y la realidad.
Una de las funciones del Estado es impedir la injusticia y las opresiones de cualquier sector social contra otro. Para eso está la administración de justicia. En materia de calificación mundial, Colombia no ha salido bien librada en lo judicial, ocupa lugares remotos. En el año 2004 se ubicó en el puesto 146 entre 205 países del mundo. Casualmente, el proyecto gubernamental hacia el 2019, señala que: “Las deficiencias en el sistema de justicia y la existencia de grupos al margen de la ley son algunos de los factores que pueden explicar parcialmente este resultado. Si bien el país cuenta con una reconocida tradición legalista, la efectiva aplicación de las leyes parece ser el punto débil.”
En cuanto a eficiencia del sistema judicial u opacidad legal, el país obtuvo en el 2001 un índice de 66 y en el 2004 de 61 (entre más bajo más eficiente), mejorando el indicativo en este periodo un 8%, mientras Estados Unidos lo mejoró en un 49% y Chile en un 25%. O sea que los esfuerzos que tendría que hacer Colombia en su aparato judicial para superar la calificación mundial y a su vez colocarse en un índice de opacidad legal satisfactorio son muy grandes. Siendo así, por lo que hay que abogar es por una justicia efectiva, y ese es el ejemplo que emana de la Corte Suprema de Justicia en este momento. No es aconsejable jugar con candela, porque se profundiza la inestabilidad política y democrática de la República.
POSDATA: Con razón había dicho el filósofo italiano Marco Tulio Cicerón: “Hacer depender la justicia de las convenciones humanas es destruir toda moral.”