LORICA Y AHORA PUERTO LIBERTADOR

Mientras más de medio país se entretiene con las noticias diarias sobre lo que pasa en la parapolítica, la farcpolítica y en la nueva ola de la yidispolítica, otra gente que disfruta del poder burocrático se encarga de atracar las arcas del tesoro público. Es tan pícaro el que tima al Estado, como el que hace trampa mediante la violación de la ley utilizando los métodos más aberrantes del invento humano tramposo. Violar la ley es omitir la denuncia, es aspirar a un cargo cuando se está inhabilitado, es abandonar el puesto público sin cumplir con los requisitos, es incumplir sus obligaciones legales, es encubrir el delito, es faltar a la verdad, callarla total o parcialmente, es asociarse con otro para cometer faltas, es servir a los intereses de los grupos delincuentes, etcétera.
A propósito de la barahúnda política nacional y regional y del mal manejo de los asuntos locales posesionado en el poder público, se destacan hechos que sorprenden a la gente. Se sabe que la mayoría de departamentos y municipios son una rueda suelta en el rol de la administración pública. Basta poner los oídos en la radio, en la televisión y en los denunciantes y también, poner los ojos en los diarios y en las revistas para deducir que las actividades oficiales andan al garete. A uno de esos casos, que fue la conversación telefónica del ex alcalde de Lorica con sus testaferros y acreedores, le sigue hoy otro igualmente aberrante sucedido en el municipio de Puerto Libertador.
La impresionante declaración que entregó el pasado 29 de mayo a la radio WFM de Bogotá, el alcalde de este municipio del departamento de Córdoba, Mario Carrascal, se cataloga como el mayor escándalo escuchado en los últimos tiempos. Aunque mi ponderación pueda aparecer excesiva, algunos me están informando que los casos que acontecen cotidianamente son peores que éste y comunes, porque hacen parte de la tradicional forma de administrar la cosa pública en las regiones del país y especialmente en la Costa Caribe. Pues bien, el alcalde denunciante no hizo otra cosa que acusar al alcalde saliente Sánchez (entiendo que está durmiendo en una cárcel) por los hechos delictuosos cometidos por la administración que acaba de terminar.
La deuda que dejó la administración anterior ha sido aforada en $91 mil millones, asunto que a nadie le cabe en la cabeza, ya que un endeudamiento de este calibre se sale de todo contexto si se tiene en cuenta que el presupuesto anual de este municipio es de $15 mil millones. Aunque la relación es desproporcionada, también es posible si uno articula esto con lo que ha pasado en la administración del departamento de Córdoba y del municipio de Montería, donde todavía las cuentas no cuadran en cuanto al volumen de pasivos que se registra en la contabilidad.
Los archivos municipales en Puerto Libertador fueron quemados en el año anual 2004. El alcalde que está preso dice que se gastaron $7 mil millones por presión de las autodefensas. Los abogados reclamaban y reclaman las deudas con papeles que ellos mismos tienen y el ex alcalde transaba los pasivos en los juzgados con los acreedores y sus apoderados de un tiro. Y la feria de exigencias continúa por obligaciones inexistentes con ascenso por los escalones de la corrupción. Es Puerto Libertador un municipio con escasos recursos públicos, donde reina la pobreza y la indigencia, donde la mano del Estado Nacional llega con mínima cuantía a través de las transferencias y donde los impuestos propios exiguamente generan para pagar el sueldo del alcalde y de su secretaria. Después de lo que dijo el alcalde en ejercicio a través de la radio, vale preguntarle, sobre lo que él ahora está haciendo en la administración para blindarla de los mismos casos de corrupción, puesto que pueden seguir cometiéndose otros más pervertidos.
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