El país quedó atónito ante el asesinato de un menor de apenas once meses de edad cuyo autor intelectual y material fue su propio padre acompañado de otros delincuentes. Pero este caso no es el único, son muchos los que a diario se suceden en distintos sitios del territorio nacional, sin la gran trascendencia que tuvo el consumado en el municipio de Chía (Cundinamarca). Los medios de comunicación de la capital de la República contribuyeron para poner el caso violento como relevante de noticia del día, contribuyendo de esta manera a mover el sentimiento nacional sobre un hecho cotidiano en nuestro país, pues más de quinientos asesinatos de menores se han realizado durante los primeros ocho meses del año.
Es un síntoma de la hipocresía nacional, que cuando un problema radicalizado en la sociedad, como es la violencia contra el infante y se mediatiza, aparezca más de un individuo dando soluciones cuando antes era indiferente frente a el. La oportunidad fue propicia para que congresistas, políticos, ex fiscales, ex procuradores y demás miembros sociales se pronunciaran en favor de decretar la cadena perpetua para los autores de crímenes contra los pequeños, fortaleciendo el proceso de referendo que ya estaba en marcha para conseguir esta finalidad. Sin embargo, muchos creemos que si bien con la legalización de la cadena perpetua, como castigo, se puede contener en algo el atropello criminal contra los inocentes, esta no sería la solución definitiva.
Es menester pensar con cabeza fría el asunto; antes de desgastar el aparato legislativo y ciudadano con el referendo, es mucho mejor reformar la ley penal para los delitos cometidos contra los menores, reajustando las penas, suprimiendo sus rebajas y redenciones y todas aquellas arandelas que impidan la penalización real de los punibles, de manera individual, y así se permita la efectiva imposición de las condenas justas correspondientes. Si esto se hace, el lector puede hacer cuenta y encontrará la razón suficiente para entender que el camino es más corto para llegar a donde se quiere llegar en este momento. Aunque a última hora, un grupo de congresistas en busca de liderazgo, se apresuraron a presentar un proyecto de acto legislativo con el fin de establecer la cadena perpetua para este tipo de crimen, aún el camino está lleno de espinas.
Muy a pesar de que la violencia contra los niños, niñas y adolescentes se caracteriza por el asesinato, la inasistencia alimentaria, el abuso sexual, el maltrato, la explotación laboral, el reclutamiento por parte de la guerrilla y de los paramilitares, el desplazamiento, la desnutrición y la muerte a causa del hambre y de las enfermedades, lo que ya se busca es taponar una parte de esa violencia, quedando otras violaciones sin la atención debida, no obstante que la Carta Política y la ley le otorgan una preeminente preferencia a la protección de la niñez. Pero aún quedarían faltando más decisiones políticas al respecto. Todo esto a pesar de que la eficacia de la acción, como un compromiso estatal establecido en la legislación nacional para cumplir los tratados internacionales suscritos por Colombia, está en la necesidad urgente de cubrir en su totalidad el espacio de desamparo en que ellos se encuentran.
Pues el problema, como todo, tiene su legítimo origen. Sin lugar a dudas está en el analfabetismo y en la formación humana de hoy, esta última se ha venido alejando de los principios y los valores que antes eran fundamentales en la educación del hombre y de la mujer. Necesariamente habrá que hacer una reedición de todo el aparato educativo para empezar una enseñanza donde el centro principal sea Dios, creador de todo. Así que el amor al prójimo sea el pilar de atención primordial de los humanos. En esta tarea reconstructiva, los principales actores ciudadanos: educadores, padres y dirigentes serían los protagonistas de este nuevo modelo educativo, concretando que la silla del Ministerio de Educación Nacional sea ocupada por un culto trajinado en estas cuestiones y no por tecnócratas que petrifican la acción del Estado a través de esta dependencia oficial. Estas precisiones y otras que hemos oído recientemente, hacen parte de la arquitectura para edificar una política pública cultural sobre la niñez de Colombia.
POSDATA: Resumiendo la finalidad principal del Código de la Infancia y la Adolescencia: Es un deber garantizar el desarrollo del menor en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.
CONSTRUIR POLÍTICA PARA EL MENOR
