LA JUSTICIA ENJAULADA

Difícil, que en la actual coyuntura se pueda garantizar el acceso de toda persona a la administración de justicia cuando está paralizada por el paro ordenado por Asonal. Los presuntos delincuentes salen de las cárceles con las llaves que le suministran sus propios aprehensores. Sin otro requisito, que la obligada ausencia del Juez pertinente. En una sociedad donde no exista el ejercicio del derecho no puede haber ordenamiento de la vida social desde el punto de vista de la justicia. Sin excepción, la gente se asombra que durante 23 días el país haya resistido la parálisis de su administración. Por un lado, el gobierno nacional, con la mayor tranquilidad, ha manejado la situación con criterio eminentemente fiscalista (aunque en la disputa haya punto intermedio), en tanto, que los órganos superiores de la justicia apenas han observado, desde sus palacios, los acontecimientos de manera silenciosa.
Esta situación refleja el grado a que hemos llegado. En el paro del trasporte público de carga se observó una mayor preocupación por parte de los actores oficiales en su afán de llegar a acuerdo, como así fue; en contraste, en el de la justicia no se ha procedido con la misma prontitud para responder a las exigencias sindicales consecuentes con el ordenamiento legal en materia de salarios. Escenarios bien distintos. Pero, mirados los dos, el problema de la justicia es más relevante que cualquier otro, porque deja al ciudadano sin el derecho al acceso de la prestación de un servicio sustancial para la normalización de las relaciones colectivas de carácter político, civil, social y económico.
El paro de la justicia no es el apocalipsis, pero si ha conllevado un trastorno social porque se le niega a la ciudadanía el acceso a ella, a pesar de que éste está garantizado por la ley y no da lugar a esguince para no prestarlo. Aunque la ley no ha declarado a la justicia como un servicio público, lo es. Es una actividad esencial dirigida a asegurar el ejercicio de los derechos fundamentales constitucionales, persigue un fin de interés general, hace parte de la estructura misma del Estado, y es una célula componente de ese cuerpo, que es el Estado. Convenir una solución sobre el impase presentado es el primer paso para demostrar que se hace justicia.
Se viola la Constitución, la ley y los tratados internacionales, cuando no se tiene acceso a la tutela, a la seguridad personal, a la protección por parte de la ley, como tampoco a la función pública, en su momento oportuno; asuntos éstos, pregonados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, convenios suscritos por Colombia. Pero aquí no pasa nada. Los usuarios también hacen paro, porque el derecho al trabajo les ha sido vulnerado. Allí están los abogados litigantes protestando frente a la dilatada disputa entre Asonal y el Gobierno Central, en tanto que el Consejo Superior de la Judicatura, cruzado de brazos, apenas observa la tragedia del país; país paciente, que como en el pasado, hoy demuestra superioridad frente a sus dirigentes.
¿Será que la República puede funcionar sin administración de justicia? En este momento muchos piensan así, ya que lo está demostrando su sellamiento. Después vendrán las consecuencias, con más gravedad de lo previsto, al dejar fracturado el mantenimiento armónico de la vida ciudadana. Si los encumbrados despachos de los magistrados y los humildes de los jueces están atascados de expedientes sin resolver: ¿como será la congestión cuando vuelvan a abrirse las puertas de los edificios de los bufetes judiciales? Desde ya se prevé una verdadera hecatombe, superior a la que estamos contemplando, en que el paganini será siendo el usuario, el colombiano raso y el abogado que vive del ejercicio profesional. ¿O será, que el único que arregla el tropel sindical es el Presidente Uribe, después de su travesía por el Norte? Así se confirmaría la actuación del Gobierno Nacional en este caso, intervenir cuando “la fruta esté madura”.
POSDATA: Para quienes tienen en sus manos el arreglo, es conveniente interpretar al filósofo francés J.J. Rousseau: “El primer valor de la justicia es conocer que se administra”