Edgar Vergara Figueredo
Lo que aquí pasa con esas criaturas, puede estar sucediendo en otro sitio del Caribe colombiano y del país. Uré, es un pequeño poblado del departamento de Córdoba, convertido en municipio por la Asamblea Departamental. Nació, según ahora se sabe, con requisitos allegados de dudosa certificación, cuantificados gaseosamente y acomodados a la circunstancia por los defensores del proyecto en el debate desarrollado en la asamblea, en cuyas sesiones ciertos tragaron entero como la serpiente devorando la presa que ahora la indigesta. Frente a las irregularidades y a la demanda de la ordenanza ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, los diputados se lavan las manos.
Los promotores de este nuevo municipio deben estar muy cerca de aquellos, que con el mismo interés, están impulsando el de la margen izquierda del río Sinú, como otro diabólico propósito, desfigurando así a la organización municipal como área de desarrollo con posibilidades económicas probadas. Contrariando la normatividad, las mayorías en las asambleas, en muchas ocasiones crean embelecos municipales, porque ven en el proyecto la posibilidad de conexión política y de fuente económica con el fin de obtener una dádiva personal para la garantía de la permanencia en la diputación. Este puede ser el caso en Córdoba. El acto observado es de corrupción oficial y de deslealtad con el ejercicio de servidor público.
Hace apenas un año tomó posesión el alcalde fugitivo de Uré, porque no se le puede llamar de otra manera, ya que a él le es impedido llegar a la oficina de la alcaldía, como lo reconoce: que va de incógnito y no lo saben. Esta situación nadie la entiende, a no ser que el ejercicio de alcalde sea tan rentable para vivir mejor en la capital del departamento que en la cabecera municipal. Se publica que el municipio no tiene plata en la tesorería, por su iliquidez no puede pagar los sueldos de los secretarios de despacho, ni las órdenes de trabajo, como tampoco la remuneración del alcalde a la que él renuncia cuando dice que como es organizado, no le ha cobrado al municipio, ni le va a cobrar. Sin embargo, se comprometen recursos en contratos irregulares por más de $1.436 millones y se delatan trampas para saquear el patrimonio del municipio.
Al panorama desesperanzado, se agrega la deuda con terceros que asciende a 300 millones de pesos, según el propio mandatario local. Nada bueno se puede esperar en el futuro del manejo de Uré, tan joven, y ya con graves problemas jurídicos y fiscales; por la mala administración se presagia un futuro inseguro y de inestabilidad financiera. Las cuentas no son claras, porque la tesorería debería estar en balance y no en rojo. Peligra la sana administración que se esperaba y se pronostica la debacle de la gestión como hecho evidente, situación grave, y tan grave, que también se da en otros abortos aprobados con anterioridad.
Lo que no se entiende es que otros ojos, distintos al Departamento Nacional de Planeación (DNP), no hayan visto ciertos pérfidos manejos, como un lector me lo hace saber. La ausencia de plan de desarrollo territorial viola la Constitución Política y la Ley 152 de 1994. Este hecho es sumamente peligroso, deja al municipio sin orientación en materia de uso y aprovechamiento de los recursos. La Contraloría Departamental, pasa en silencio, ya que no hay una declaración de observación sobre lo que allí sucede, cuando en el pasado intuía políticamente, que ante la falta de plan de desarrollo el gobernador no podía autorizar contratos. Ahora, que en verdad no hay plan, ni pío.
POSDATA: Ya lo había sentenciado el filósofo chino Confucio: “Trabaja en impedir delitos para no necesitar de castigos.”
