Edgar Vergara Figueredo
Se declaró la nulidad de la elección de la gobernadora del departamento de Córdoba, Martha Sáenz Correa. Así quedó consagrada en la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo. No había razón para desconocer la realidad que suscitó el pleito, el juez natural comprobó y falló. En el ambiente había una esperanza de justicia, la que se cumplió, porque la providencia despejó el camino espinoso sobre el cual se transitaba. Aunque en Colombia el trámite de demanda electoral es demasiado lento, incluidas las trapisondas jurídicas de los abogados, nos sorprende que así sea cuando lo que genera la inhabilidad es protuberante, como es la infracción cometida por la mencionada mandataria.
La administración del departamento de Córdoba ha sido atropellada por la interinidad relevante. Lo que viene ahora es una etapa difícil, desde ya es previsible la aceleración del gasto público y por ende la contratación administrativa innecesaria para menoscabar las apropiaciones presupuestales y satisfacer el apetito voraz del sanedrín de la campaña política a la cual pertenece la sancionada. El futuro balance sería el mismo del pasado: pobre, sin beneficio social. En este momento peligran muchos frentes: el plan de aguas y la inversión en infraestructura física del departamento. La aplicación de recursos va a quedar sujeta al vaivén de la politiquería, lo cual agrandaría nuestros problemas y enriquecería a los palacios de los consortes, genuflexos contratistas y lagartos.
Otra vez ha perdido la gente de Córdoba a causa de esta situación. La autoría es de la posesionada gobernadora inducida por los dirigentes de la fracción del partido político que la patrocinó y de paso, en conjunto, engendraron un acto inmoral. La incertidumbre se había previsto con antelación, pero se esperaba en derecho la evidencia del caso. En el ambiente se ha acentuado la costumbre de que el inhabilitado no se inhibe de inscribirse, a pesar de que el episodio es corrupción. Sabe que si triunfa, consigue el poder por dos o más años, lo cual le permite a él y a su combo financiar el gasto en que incurrió. Tomar el botín, llenarse el bolsillo, como parte del prospecto. Es una cuestión premeditada y perversa que lleva, en este caso concreto, a repetir el desastre del cuatrienio pasado.
Es bueno recordar que el periodo de gobierno 2004-2007 fue ruinoso, cuatro caras de gobernadores adornaron el espécimen escenario administrativo, nada se hizo a la luz del día, más bien oscuramente, sin que nadie diera cuenta sobre los resultados de la gestión que concluyó con un resultado deficitario y de sobrecostos en muchas obras y servicios contratados. No hubo órgano de control como tampoco fiscalía, que ante las múltiples denuncias de los medios de comunicación y la ciudadanía, realizara una investigación sobre la gran cantidad de irregularidades que se cometieron. Para tapar el desastre, las cuentas públicas fueron ensombrecidas cuando se llevó el despilfarro financiero y social al pasivo de la contabilidad gubernamental.
Es cierto que todavía queda para la desbancada un recurso ante el Consejo de Estado. Es lo que los señores magistrados de este supremo de la justicia administrativa tendrían que examinar con prontitud para bien del pueblo de Córdoba, creyendo en un final de confirmación de la sentencia porque se ha roto el hilo que incomunicaba la verdad. Despejado en primera instancia el asunto, es bien recibido que la respectiva sala del superior reconozca el desafuero que está contenido en el expediente engendrado por el espíritu mañoso de la politiquería local.
POSDATA: No hay que olvidar al polígrafo español Francisco de Quevedo: “El litigioso y el malo da que hacer a los tribunales.”
