Edgar Vergara Figueredo
Estamos a pocos días de la iniciación de las campañas políticas para las elecciones del próximo marzo en que se elegirán los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes de Colombia. Hay mucha expectativa sobre el funcionamiento del evento. Sobre todo porque se alebresta el ambiente, afectándose, en principio, el normal funcionamiento de la administración departamental y municipal especialmente. El hecho tiene relación directa con el ejercicio del poder ejecutivo en que se involucran los ministros, los gobernadores y los alcaldes, porque ellos, de alguna manera toman partido en el asunto aunque por ley les está prohibido hacerlo.
Sabemos que la ley no es muro que los detiene, saltarlo es muy fácil y del enredo posterior saldrían librados los autores por la gestión eficaz de los padrinos políticos que saben más desenredar que la misma autoridad instituida. Sea como sea corren riesgo los presupuestos oficiales al feriarse la contratación de las obras y servicios que demanda el Estado, entrando en la rebatiña la inversión pública. Lo deseable es que esto no suceda, pero la advertencia que ha hecho la Contraloría General de la República crea la duda. En un frente, ha denunciado que en doce departamentos entregaron la construcción de los planes de aguas a firmas no idóneas, entre los que se encuentran Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre. (El Tiempo, 7-11-09). ¡Ese cuestionamiento prende la alarma!
A duras penas en el caso de Córdoba y Sucre donde es deprimente el servicio domiciliario de agua potable o es inexistente, se finca la esperanza de que los municipios beneficiados con el plan se les provean de lo que no tienen desde el mismo momento del asentamiento, siendo grave para la gente que lo advertido se convierta en realidad y se dilapiden los recursos robándoselos. No es solo este programa el que podría afectarse por la rapiña y el apetito voraz que ya se siente en el ambiente entre ciertos sectores políticos que tienen las garras listas para atrapar los recursos públicos en beneficio de sus campañas partidistas. En el caso del agua, se atentaría contra el derecho a la alimentación consagrado internacionalmente.
Los grupos políticos necesitan el financiamiento de los gastos en que incurren en sus campañas, el caudal en unos casos no alcanza y en otros no existe, entonces tienen que hacer uso del sanedrín organizado, cuya misión principal es la de trabajar ahincadamente en busca de la bendita plata. La primera fuente es el tesoro público, que aunque las financia legalmente mediante la reposición del voto, sabemos que eso es simbólico ante la realidad del alto costo que tienen dichas tareas que siempre exceden todo cálculo matemático racional. Pese a que se pretenda negar eso, la mano suelta de los ministros, los gobernadores y los alcaldes está lista para abrir el boquete presupuestal necesario que completaría el faltante de caja. ¡Es una alerta a los ciudadanos y veedurías!
Sabemos que la ley no es muro que los detiene, saltarlo es muy fácil y del enredo posterior saldrían librados los autores por la gestión eficaz de los padrinos políticos que saben más desenredar que la misma autoridad instituida. Sea como sea corren riesgo los presupuestos oficiales al feriarse la contratación de las obras y servicios que demanda el Estado, entrando en la rebatiña la inversión pública. Lo deseable es que esto no suceda, pero la advertencia que ha hecho la Contraloría General de la República crea la duda. En un frente, ha denunciado que en doce departamentos entregaron la construcción de los planes de aguas a firmas no idóneas, entre los que se encuentran Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre. (El Tiempo, 7-11-09). ¡Ese cuestionamiento prende la alarma!
A duras penas en el caso de Córdoba y Sucre donde es deprimente el servicio domiciliario de agua potable o es inexistente, se finca la esperanza de que los municipios beneficiados con el plan se les provean de lo que no tienen desde el mismo momento del asentamiento, siendo grave para la gente que lo advertido se convierta en realidad y se dilapiden los recursos robándoselos. No es solo este programa el que podría afectarse por la rapiña y el apetito voraz que ya se siente en el ambiente entre ciertos sectores políticos que tienen las garras listas para atrapar los recursos públicos en beneficio de sus campañas partidistas. En el caso del agua, se atentaría contra el derecho a la alimentación consagrado internacionalmente.
Los grupos políticos necesitan el financiamiento de los gastos en que incurren en sus campañas, el caudal en unos casos no alcanza y en otros no existe, entonces tienen que hacer uso del sanedrín organizado, cuya misión principal es la de trabajar ahincadamente en busca de la bendita plata. La primera fuente es el tesoro público, que aunque las financia legalmente mediante la reposición del voto, sabemos que eso es simbólico ante la realidad del alto costo que tienen dichas tareas que siempre exceden todo cálculo matemático racional. Pese a que se pretenda negar eso, la mano suelta de los ministros, los gobernadores y los alcaldes está lista para abrir el boquete presupuestal necesario que completaría el faltante de caja. ¡Es una alerta a los ciudadanos y veedurías!
No está el país preparado para lo que viene, ya que las costumbres políticas no se han modificado a pesar de todo lo que ha sucedido con la conexión narco paramilitar, diabólica empresa en que se entrenaron ciertos grandes caciques amasando las malas amistades y confabulados inmoralmente conquistaron el poder. Ojalá, el pasado sirva de escarmiento.
POSDATA: Con razón pensó el dramaturgo alemán Friedrich Hebbel: “También hay espejos en que uno puede ver lo que le falta.”
