Edgar Vergara Figueredo
Los órganos de control del Estado tienen puesto el ojo sobre los planes departamentales de agua que se vienen ejecutando, sin efecto inmediato. Pero extrañamente, advierten que hay falencias en ciertas regiones del país donde se han detectado irregularidades que prevén un inminente fraude, con ausencia de medidas oportunas que puedan detener esa intención anunciada. Se sabía que Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre están en la lista de los departamentos vulnerables, pero públicamente la Contraloría General de la República que denunció el caso, no ha dicho nada de las acciones tomadas o por tomar para cubrir ese riesgo.
Nadie duda de que el agua sea indispensable para el mantenimiento de la vida y del bienestar general, combatir la pobreza y el hambre, garantizar el derecho a la alimentación, reducir la mortalidad y morbilidad infantil, evitar la emigración de la gente del pequeño municipio a la ciudad y asegurar el acceso de la persona humana al recurso natural. Al venirse omitiendo la satisfacción plena de esa necesidad, Colombia ha violado reiteradamente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (adoptado mediante Ley 74 de 1968) y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San salvador” (adoptado por Ley 319 de 1966).
Ahora que se ha dado un viraje y se tiene en ejecución este macro proyecto de agua por más de $9 billones, no es justo que la clase política (dueña de gobernaciones) pretenda con la ejecución sacar provecho con el fin de financiar la campaña política que se inicia y enriquecerse. Algo grave se ha denunciado, la debilidad de la selección de los constructores e interventores de las obras, punto en que han insistido unos funcionarios de control. Si los escogidos no son aptos para cumplir tan delicada función, hay que suponer el fracaso de la inversión. Entonces, los gobernadores y los gerentes de los planes que intervinieron directamente en la decisión, deberán responder de inmediato por la errónea selección de esos agentes, o de otra manera revertir la determinación.
A pesar de que muchas veces el Contralor General de la República, Julio César Turbay Quintero, se ha referido al caso y también la Viceministra de Agua del Ministerio de Ambiente, Leyla Rojas (Ver Revista Semana No. 1436, 02-12-09), lo mismo que la Procuraduría, todavía no hay claridad sobre lo que pasa. Correcto es que los funcionarios expresen sus buenas intenciones, pero en este caso concreto, se necesitan acciones, medidas enérgicas a fin de contener el desmán que se consolida en medio de la oscuridad. Por lo que corresponde a los pueblos beneficiados con este programa, deberían preocuparse por lo suyo a fin de evitar que se roben los recursos. Es bastante posible, que si no actúan oportunamente vigilando la inversión física, no quede nada.
Ya en Córdoba, hace más de una década sucedió algo parecido. Se realizó un plan similar para favorecer a los municipios más pobres y fracasó. La CVS, que fue la encargada de ejecutarlo, nunca respondió por el dinero oficial mal gastado. Es increíble que en un Estado que tiene tantos órganos de vigilancia, (Fiscalía, Contralorías, Procuraduría, Superintendencia de Servicios Públicos, Ministerio de medio Ambiente y Oficina Anticorrupción) una mafia, de manera planificada, se apodere de la plata pública, saltándose el control oficial. En este enredo, la montaña no deja ver la llanura. ¡Que no sean estos planes igual a Agro Ingreso Seguro!
POSDATA: No se equivocó el escritor inglés A. Carige, al escribir: “Sucede con los hombres lo que con la moneda: la de cobre ocupa más sitio que la de oro.”
