Edgar Vergara Figueredo
Mientras el Presidente Uribe, por un lado, afirma: “Lo he dicho con toda franqueza públicamente. Este es un gobierno honorable, ustedes saben la diafanidad con que tramita las licitaciones.” Por el otro, el Zar Anticorrupción Óscar Ortiz González, como un humilde predicador de buenas costumbres, entrega una declaración pública sobre la corrupción imperante en el ámbito de la administración pública central que conmueve el escenario nacional. Este mensaje contradice el del Presidente de la República. Tras el hecho, el Zar se hizo sentir, sobresaliendo frente a sus antecesores que se habían burocratizado por el incumplimiento de las funciones asignadas. Pero todavía queda una laguna entre el denuncio y el resultado de las indagaciones sobre fraude. Eso debería aclararlo el Zar, pensando que su labor podría estimarse aún más si periódicamente informa sobre el avance de tales investigaciones.
La oficina del Zar Anticorrupción, por la experiencia y el análisis de las investigaciones académicas llevadas a cabo, ha calculado que los niveles de corrupción se sitúan en un 12.9% respecto al presupuesto de inversión nacional. Esto sin contar que la situación se agrava cuando el problema pasa a la jurisdicción departamental y municipal, donde la corrupción es motivo de perturbación permanente de la administración pública. El departamento de Córdoba invertirá en el 2010 más de medio billón de pesos y el municipio de Montería más del cuarto billón. Si la matemática oficial es infalible, como es seguro, corren riesgo cerca de $103 mil millones, que es la plata que podría pasar tranquilamente de las arcas públicas a las manos privadas. Los ciudadanos deberían estar alerta sobre este previsible desangre criminal.
No es cualquier bicoca, esa es la cantidad de dinero que perdería la sociedad cordobesa y monteriana, que sin materializarse en obras públicas necesarias para el mejoramiento de la calidad de vida, se esfumaría fácilmente. Pero el fenómeno es más grave de lo que se piensa si se tiene en cuenta el estudio de Confecámaras, al que también se refiere el Zar Ortiz, que además del 12.9% del valor presupuestal que se roban, el soborno cunde, como una modalidad para ganar licitaciones, cuando el 17% de los contratistas ofrecen y el 32% de los servidores públicos exigen, lo cual aumenta el riesgo de encarecimiento de las obras y servicios que contrata el Estado y amplía el hueco por donde se cuela el malhechor.
A lo largo del tiempo la corrupción administrativa asociada a la corrupción política se ha convertido en una epidemia de difícil exterminio. Comprobada esa alianza, en el pasado, grandes sectores políticos y la delincuencia narco paramilitar se tomaron los presupuestos oficiales torciendo la finalidad de muchos recursos del sector salud y de la infraestructura física regional. En efecto, quedan restos de esa mutua cooperación que se reflejan en la actual actividad política. Para enderezar el asunto todavía faltan compromisos políticos. En adelante se necesitan políticos que no estén dispuestos a participar deshonestamente del reparto presupuestal, sean tan decentes que promuevan la persecución del delincuente. Esa posibilidad, como esperanza, puede surgir de una minoría. Pero es probable que sea una utopía.
Tras los hechos, la educación es fundamental para cambiar la mentalidad nacional de que el ejercicio del empleo público y la política son fuente de riqueza en vez de ejercicio tesonero de las tareas asignadas a cada actividad. También esto podría ser otra utopía, por la manera como se dirige la educación y por el papel educador sin lugar preponderante dentro de la sociedad.
POSDATA: Es la hora de recordar al dramaturgo Miguel de Cervantes: “El águila vieja saca a volar a su aguilucho.”
