Edgar Vergara Figueredo
En la medida que a los veedores ciudadanos los han venido liquidando con las balas o la amenaza frecuente, el delito contra el erario continúa ascendiendo por una escalera empinada que nadie sabe a qué piso tan alto va a llegar. Los que todavía existen están huyendo, o encerrados en sus casas como los pájaros en las jaulas, viven sin respirar el aire cotidiano al que accede libremente el resto de los colombianos. Este es el panorama que se observa. Además, un sector de la ciudadanía apaciblemente aculillada, no ha podido responder con la obligación moral de respaldar la gestión de los veedores, que de manera desinteresada, venían cumpliendo la labor encaminada a detener la voracidad de los ladrones de los recursos y bienes del Estado. En Córdoba, hay casos concretos.
El país atraviesa por una época electoral que apenas termina en junio del presente año, catalogada de difícil por la polarización de la ideas sobre el rumbo de la Nación. La época, es razón suficiente para requerir que funcionen las veedurías ciudadanas con el apoyo de la comunidad y contener la prodigalidad de ciertos administradores públicos. Pero, la sociedad no ha sido retributiva con aquellos hombres y mujeres que se han dedicado a la labor veedora. Debe haber un propósito de que las veedurías que todavía existen se consoliden, de manera que sigan prestando el servicio social necesario. Cualquier reorganización que se quiera hacer para la gloria, conllevaría que se integraran con personas preparadas en las disciplinas que requiera el respectivo proyecto, lo que evitaría que sus miembros sigan tragando entero sobre lo que deciden los gobernantes de turno, los constructores y los interventores que amangualados consiguen una finalidad deshonesta.
Sin duda, algunas veedurías tuvieron reparos de la comunidad, porque sus miembros perdieron la objetividad pregonada por la ley que las reglamentó, cuando sus recomendaciones fueron torcidas por la parcialización y discriminación. Esta fue la excepción. En cambio, otras cumplieron y siguen obedeciendo de manera eficaz, en especial, el mandato constitucional del artículo 270 que las creó y la atribución reglamentaria contenida en la Ley 850 de 2003. Prendieron la chispa, atacando la corrupción en la gestión pública y promoviendo la participación ciudadana que indujo a la creación de muchas veedurías en el territorio nacional.
Hay que reconocer que algunas que desaparecieron tuvieron como motivo la apatía de sus miembros que no encontraron el respaldo que esperaban de los órganos de control estatal, a pesar de estar bien definido en las leyes de contraloría, procuraduría, fiscalía, defensoría, ministerio del interior y personería, la articulación con las funciones de estas entidades consistente en defender el patrimonio oficial, la protección del interés público y la prestación de apoyo y concurso a las veedurías y a las redes que las agrupan en lo relativo a soporte legal y a la promoción de la vigilancia.
En la medida que dejan de existir las veedurías, las labores de planeación, presupuesto, contratación, interventoría y supervisión y calidad técnica de las obras quedan en manos de las administraciones, que generalmente son negligentes por acción u omisión, lo que permite agrandar el boquete por donde se sustraen los dineros públicos. Con mucha facilidad a los ojos de los respectivos órganos de control y de justicia; en ciertos casos, negligentes en su actuación como se ha demostrado, se gesta el defalco sin que la comunidad se dé cuenta de la tramoya. ¡Para superar la transición por las tinieblas, tendría que darse una reacción popular sobre lo que está pasando!
POSDATA: “No con decretos, sino con costumbres se gobierna bien una república”, fue una enseñanza que dejó el filósofo griego Isócrates.
El país atraviesa por una época electoral que apenas termina en junio del presente año, catalogada de difícil por la polarización de la ideas sobre el rumbo de la Nación. La época, es razón suficiente para requerir que funcionen las veedurías ciudadanas con el apoyo de la comunidad y contener la prodigalidad de ciertos administradores públicos. Pero, la sociedad no ha sido retributiva con aquellos hombres y mujeres que se han dedicado a la labor veedora. Debe haber un propósito de que las veedurías que todavía existen se consoliden, de manera que sigan prestando el servicio social necesario. Cualquier reorganización que se quiera hacer para la gloria, conllevaría que se integraran con personas preparadas en las disciplinas que requiera el respectivo proyecto, lo que evitaría que sus miembros sigan tragando entero sobre lo que deciden los gobernantes de turno, los constructores y los interventores que amangualados consiguen una finalidad deshonesta.
Sin duda, algunas veedurías tuvieron reparos de la comunidad, porque sus miembros perdieron la objetividad pregonada por la ley que las reglamentó, cuando sus recomendaciones fueron torcidas por la parcialización y discriminación. Esta fue la excepción. En cambio, otras cumplieron y siguen obedeciendo de manera eficaz, en especial, el mandato constitucional del artículo 270 que las creó y la atribución reglamentaria contenida en la Ley 850 de 2003. Prendieron la chispa, atacando la corrupción en la gestión pública y promoviendo la participación ciudadana que indujo a la creación de muchas veedurías en el territorio nacional.
Hay que reconocer que algunas que desaparecieron tuvieron como motivo la apatía de sus miembros que no encontraron el respaldo que esperaban de los órganos de control estatal, a pesar de estar bien definido en las leyes de contraloría, procuraduría, fiscalía, defensoría, ministerio del interior y personería, la articulación con las funciones de estas entidades consistente en defender el patrimonio oficial, la protección del interés público y la prestación de apoyo y concurso a las veedurías y a las redes que las agrupan en lo relativo a soporte legal y a la promoción de la vigilancia.
En la medida que dejan de existir las veedurías, las labores de planeación, presupuesto, contratación, interventoría y supervisión y calidad técnica de las obras quedan en manos de las administraciones, que generalmente son negligentes por acción u omisión, lo que permite agrandar el boquete por donde se sustraen los dineros públicos. Con mucha facilidad a los ojos de los respectivos órganos de control y de justicia; en ciertos casos, negligentes en su actuación como se ha demostrado, se gesta el defalco sin que la comunidad se dé cuenta de la tramoya. ¡Para superar la transición por las tinieblas, tendría que darse una reacción popular sobre lo que está pasando!
POSDATA: “No con decretos, sino con costumbres se gobierna bien una república”, fue una enseñanza que dejó el filósofo griego Isócrates.
