Edgar Vergara Figueredo
Lo que empieza mal termina peor. El país necesita de congresistas, gobernantes, magistrados, jueces y fiscales decentes y dignos. De eso falta, y mucho, porque hay pocos. Hoy el que tenga más plata sale elegido con facilidad a los cuerpos colegiados, porque el pueblo obnubilado por superar el hambre concurre a votar por el que indique la aberrante clase que apabulla con los contratos y puestos públicos de los que son ellos dueños absolutos, en gracia del sistema corrompido que administra lo público. Basta analizar los contratos celebrados durante los últimos doce meses por las gobernaciones y las alcaldías para comprobar que la plata corrió a borbotón hacia las cuentas de los políticos afectos a los respectivos mandatarios locales.
La suerte está echada. El próximo domingo 14 de marzo saldrá elegido el nuevo Congreso, el cual es de menor calidad que el actual. Si en el pasado los grupos mafioso se dieron el lujo de anticipar que eran propietarios absolutos del 35% de los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes y se comprobó sobremanera el anuncio, lo que viene es más bochornoso. El augurio sobre el futuro queda en nada, ocuparán las sillas los herederos de esos mismos contaminados que están ahora en asueto después de salir de las cárceles colombianas. De esa perpleja situación son responsables, los directores de partidos políticos que dieron el aval a gente salpicada por la mafia (de derecha e izquierda) y la corrupción y luego, ciertas autoridades permisivas.
Más de una vez se ha dicho que los caciques políticos y sus parientes aspirantes al legislativo tienen sus propios jefes de debate en los ministerios, gobernaciones y alcaldías. Y esa situación le ha inquietado a las autoridades pero sin efecto hacia la corrección, la trama ha sido declarada hábil para hacer la política a costa del presupuesto público. El presupuesto público que está constituido por los impuestos que todos pagamos con mucho sacrificio se ve disminuido por esa causa. De esas contribuciones fiscales vive una mayoría de políticos acompañados de sus testaferros. Colombia en vez de callar debe repugnar esas prácticas de enriquecimiento ilícito y negar el voto a ese envilecido espécimen.
Cuando los controles del Estado quisieron espantar a los ladrones de cuello blanco, ellos anticipadamente habían sacado la plata de las gobernaciones y alcaldías y recibido de las mafias la correspondiente canonjía, sin que los ojos oficiales se dieran cuenta, o con su complicidad se llevó a cabo el acto corrompido. Sean machos, hembras, blancos, mestizos, altos, bajitos, gordos, flacos, ñoños (según el diccionario persona apocada y de corto ingenio), etcétera, la mayoría, con una reducida excepción, trabajó armónicamente para sacar tajada chupando el dinero del tesoro público.
Mientras unos medios de comunicación han sido bastante claros en observar que el fenómeno que se está dando y aunque no es nuevo, aumenta el caos que vive la República, otros sectores de la prensa han omitido y permitido indirectamente que el grueso saqueo continúe perversamente. Cuando se sabe que a falta de control estatal se multiplican la indigencia y la pobreza, aumentando la violencia entre la población marginada de la economía y destruyendo el papel redistributivo del Estado, la autoridad de brazos cruzados calla silenciosamente. Eso ha dado paso a que una clase estéril que transita fácilmente del estrato dos a seis en un minuto se adueñe del Congreso y continúe en ese propósito de robar al Estado. La cantaleta es para movilizar a la Justicia, esperanzados en que se castigue al delincuente que tima y pacta oscuramente en su afán de adueñarse indebidamente del Congreso Nacional, de los contratos y de los puestos públicos.
POSDATA: “Los ladrones tienen derecho a robar cuando los mismos jueces dan el ejemplo”, lo había sentenciado el dramaturgo inglés William Shakespeare.
La suerte está echada. El próximo domingo 14 de marzo saldrá elegido el nuevo Congreso, el cual es de menor calidad que el actual. Si en el pasado los grupos mafioso se dieron el lujo de anticipar que eran propietarios absolutos del 35% de los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes y se comprobó sobremanera el anuncio, lo que viene es más bochornoso. El augurio sobre el futuro queda en nada, ocuparán las sillas los herederos de esos mismos contaminados que están ahora en asueto después de salir de las cárceles colombianas. De esa perpleja situación son responsables, los directores de partidos políticos que dieron el aval a gente salpicada por la mafia (de derecha e izquierda) y la corrupción y luego, ciertas autoridades permisivas.
Más de una vez se ha dicho que los caciques políticos y sus parientes aspirantes al legislativo tienen sus propios jefes de debate en los ministerios, gobernaciones y alcaldías. Y esa situación le ha inquietado a las autoridades pero sin efecto hacia la corrección, la trama ha sido declarada hábil para hacer la política a costa del presupuesto público. El presupuesto público que está constituido por los impuestos que todos pagamos con mucho sacrificio se ve disminuido por esa causa. De esas contribuciones fiscales vive una mayoría de políticos acompañados de sus testaferros. Colombia en vez de callar debe repugnar esas prácticas de enriquecimiento ilícito y negar el voto a ese envilecido espécimen.
Cuando los controles del Estado quisieron espantar a los ladrones de cuello blanco, ellos anticipadamente habían sacado la plata de las gobernaciones y alcaldías y recibido de las mafias la correspondiente canonjía, sin que los ojos oficiales se dieran cuenta, o con su complicidad se llevó a cabo el acto corrompido. Sean machos, hembras, blancos, mestizos, altos, bajitos, gordos, flacos, ñoños (según el diccionario persona apocada y de corto ingenio), etcétera, la mayoría, con una reducida excepción, trabajó armónicamente para sacar tajada chupando el dinero del tesoro público.
Mientras unos medios de comunicación han sido bastante claros en observar que el fenómeno que se está dando y aunque no es nuevo, aumenta el caos que vive la República, otros sectores de la prensa han omitido y permitido indirectamente que el grueso saqueo continúe perversamente. Cuando se sabe que a falta de control estatal se multiplican la indigencia y la pobreza, aumentando la violencia entre la población marginada de la economía y destruyendo el papel redistributivo del Estado, la autoridad de brazos cruzados calla silenciosamente. Eso ha dado paso a que una clase estéril que transita fácilmente del estrato dos a seis en un minuto se adueñe del Congreso y continúe en ese propósito de robar al Estado. La cantaleta es para movilizar a la Justicia, esperanzados en que se castigue al delincuente que tima y pacta oscuramente en su afán de adueñarse indebidamente del Congreso Nacional, de los contratos y de los puestos públicos.
POSDATA: “Los ladrones tienen derecho a robar cuando los mismos jueces dan el ejemplo”, lo había sentenciado el dramaturgo inglés William Shakespeare.
