Edgar Vergara Figueredo
La legalidad empieza por el estricto acatamiento de la Constitución. La tarea es para todos los colombianos: legisladores, empleados públicos, empresarios y trabajadores privados. Ciertas labores de la educación se han ido olvidando en la medida que el tiempo ha pasado, recibiendo el hecho la aprobación del Ministerio de Educación Nacional, creyendo que la tecnología puede sustituir al humanismo con el agravante de imponer la primera al segundo, sin tener en cuenta que se estaría en dirección de borrar algunas prácticas buenas que tuvo la enseñanza en el pasado. En el proceso de aprendizaje hay muchos desequilibrios que deben corregirse en el corto plazo, pues es preferible contar con un ser humano formado en la convivencia y el respeto y no marrullero.
Lo fundamental del artículo del 41 de la Constitución Política es haber indicado que en las instituciones de educación, oficiales o privadas, sea obligatorio el estudio de la Constitución y la instrucción Cívica por los académicos y escolares, norma reglamentada inicialmente por la Ley 107 de 1994 y luego mejorada por la Ley 115 de 1994 por tener más cercanía a lo establecido constitucionalmente. Posteriormente la Ley 1029 de 2006 impulsó el desarrollo del mandato al señalar que en todos los establecimientos oficiales o privados de educación formal, en preescolar, básica y media, sea obligatorio el estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica. De paso, también incluyó impartir nociones básicas sobre jurisdicción de paz, mecanismos alternativos de solución de conflictos, derecho y contratos.
Un retoque a las normas anteriores se hizo mediante la Ley 1195 de 2008 que estableció en el Congreso de la República el día de los niños, niñas y adolescentes congresistas, como un espacio de reflexión y participación sobre la vida de la Nación, privilegiando a este grupo social para reunirse anualmente en su recinto. El acto constituye un símbolo de democracia, geográficamente proyecta el centro de poder que representa el Congreso en materia de decisiones políticas. Es una reverencia que se le hace a la generación de pequeños y jóvenes, que son incrédulos de la labor legislativa y viven escépticamente, sin embargo, siguen apostando a ser incorporados plenamente a los beneficios de la participación ciudadana.
Por fortuna la normatividad de la Ley 1195 se extendió, con el mismo espíritu, al departamento, al distrito y al municipio. El ejercicio nacional puede servir de modelo. Es posible, que por el acercamiento de la ciudadanía con el gobierno y los dirigentes locales, el municipio y el distrito avancen y puedan construir realmente la escuela de enseñanza constitucional en su ámbito sirviendo para repetirse en otros escenarios. En realidad falta más, hay necesidad de una mayor cobertura, no podría dejarse por fuera a ningún nivel educativo, en la universidad deberá reforzarse la enseñanza. La Constitución debe ser para las personas como es la biblia para los cristianos. Los avances en la materia se tendrán que evaluar para comprobar qué tanto ha servido la legislación.
Una mirada a lo que hoy pasa en el país es lo que permite hacer una reflexión del daño que se les está haciendo a los niños, niñas y adolescentes con el mal ejemplo que están dando los mayores desde el ejercicio público y privado . Es claro que ellos aprenden de lo que ven y oyen a través de la televisión, los periódicos y la radio. El negocio público ya no se hace con la pulcritud que exige como tampoco el privado se realiza éticamente, en ocasiones se entrelazan para armar la picardía y el fraude. Nada se podría exigir en el futuro a los jóvenes si se acepta que el villano ocupe el lugar del honrado y se condecore al primero en vez de exaltar la virtud del segundo.
POSDATA: “Seamos esclavos de la ley para poder ser libres.”, es una razón del filósofo italiano Marco Tulio Cicerón.
