Edgar Vergara Figueredo
Enfermarse es un grave problema en Colombia, pues además de que la enfermedad por si sola es una molestia enorme desde el punto de vista de felicidad de la persona humana, se agrava cuando el paciente no puede acceder oportunamente al servicio médico adecuado. Dieciséis años no han sido suficientes para que las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y sus IPS corrijan las irregularidades que a diario se presentan en la administración del sistema de seguridad social en salud. A pesar de las múltiples quejas de los usuarios todo sigue parecido al primer día en que se estrenó la Ley 100 de 1993.
Lo concreto está en un trabajo de la Defensoría del Pueblo que comprendió 17.000 encuestas realizadas entre julio de 2008 y junio de 2009, que constituyen una muestra representativa, demostrándose el vacío existente entre servicio, realidad y la falta de responsabilidad estatal en el cumplimiento del control y vigilancia de la actividad del servicio de salud en el país. Se denuncia todo lo común que el usuario padece: insuficiencia de accesibilidad, inoportunidad de atención, limitación para escoger la institución prestadora, debilidad en los programas de promoción y prevención, desinformación de las redes, violación al derecho del usuario de escoger médicos y hospitales y demoras en las citas. El balance es bastante desolador, no es de mejoría es de empeoramiento, ya que en el año 2005 el índice de satisfacción de los usuarios fue 67.7% y en el 2009 60%.
Es bastante triste que la mejor EPS calificada por el estudio de la Defensoría del Pueblo correspondiente al régimen contributivo, Compensar, apenas llegue al 73% y la mixta que reemplazo al ISS, Nueva EPS, sea la última de la fila con el 58%, resultados que las deja a todas por fuera de un sistema administrativo bueno y oportuno. Las EPS del régimen subsidiado salieron mejor calificadas, Comfenalco Santander, con 81%, pero entre ellas hay diez bastantes mal, consideradas las “peores”, entre las cuales está Comfacor Córdoba con 60%. El ciudadano de a pié no entiende por qué el Estado ha dejado caer el nivel de las EPS, es posible que el dinero que corre por sus tesorerías sea tan maligno que las haya llevado a descuidar su propio rol.
Lo que se ve es que no hay una o varias EPS posicionadas que puedan salir en defensa del sistema empobrecido. La evaluación realizada por la Defensoría del Pueblo es el fiel retrato de lo que siente el usuario. Se refleja la insatisfacción por parte del cliente, donde el Estado ha sido débil, sustrayéndose al deber de enderezar lo torcido, cuando lo que se esperaba era una acción eficaz apretando la clavija.
Es bien sabido que la salud es un derecho fundamental y un servicio público de carácter obligatorio, sobre el cual el Estado debe ejercer vigilancia y control para regular la calidad del servicio ofrecido y prestado, mediante la efectiva y oportuna intervención cuando algo falla, que es lo que le daría materialidad al señalamiento de la Carta Política. Tanto el Ministerio de Protección Social como la Superintendencia de Salud han sido ineficientes en cuanto a monitoreo y hasta tolerantes, a pesar de tener herramientas dirigidas al mejoramiento permanente del servicio. Pero no escapa a este asunto la tarea de las juntas o consejos directivos de las EPS y sus prestadoras de servicios, que han demostrado ausencia absoluta en su obligación gestora. Sus miembros, igualmente son responsables del desorden.
POSDATA: “La vista de los ojos, si está enferma, juzga que no hay lo que no ve.”, es sentencia del polígrafo español Francisco de Quevedo.
