Edgar Vergara Figueredo
Desarmarse es una tarea de la sociedad, de sus ciudadanos y del Estado colombiano. El revólver y el fusil destrozan la vida humana en cualquier sitio del planeta que sean mal empleados. Hay muchas ciudades en donde la situación es irresistible tanto para sus habitantes como para las autoridades. A consecuencia del armamentismo en manos de civiles mueren miles de personas anualmente, sin saberse exactamente a cuánto asciende el número de armas que actualmente hay en poder de particulares, el panorama es peligroso cuando se dice hay cerca de tres millones. Lo cierto es que los muertos son muchos y los huérfanos también por causa de las armas.
Las personas en Colombia han sufrido demasiado por el mal uso del armamento en poder de los delincuentes, de los grupos ilegales y de los civiles, sin desconocer que la utilización indiscriminada ha tenido un efecto maligno en los propios hogares cuando un familiar contra otro la ha empleado para matarlo. Hasta el mismo Estado se ha desbordado en aquellos casos que ha perdido el control sobre los asociados a las fuerzas militares que se han propasado en muchas ocasiones. No hay excepción a favor de ninguna fracción ciudadana que quiera defender la utilización indiscriminada en defensa de un interés particular del negocio o del contrabando que son fuentes de suministro.
Algunos sectores sociales han denunciado que hay corrupción en el porte de salvoconductos, hay falsos que circulan y muchos vencidos que siguen amparando el arma para convertir al portador en un individuo peligroso socialmente. Más de 17.000 con salvoconducto fueron decomisadas el año pasado, lo que crea una duda si realmente la aprobación oficial es efectiva, o por el contrario, es un instrumento que permite disfrazar al delincuente haciéndolo pasar por un respetable ciudadano cuando no lo es. La ilegalidad es frecuente, las incautaciones por este motivo son repetitivas: 29.000 en el año 2009, 18.000 en el actual y 450.000 en el periodo 2002-2007, es un dato alarmante que preocupa a las autoridades y al ciudadano del común.
Los hechos de violencia suben por una escalera empinada debido al mal empleo de las armas, de tal suerte que hasta en el más pequeño litigio se recurre a ellas sin consideración por parte del dueño que no se resiste tomarla para defender su caso en vez del diálogo o la utilización de la justicia. Agresor y agredido son los peores enemigos cuando portan armas, en este caso la palabra es reemplazada por el fuego. Las armas de los mayores están expuestas a ser utilizadas por los niños constituyéndose en un gran peligro para la propia familia y para la comunidad en que vive el pequeño, por ejemplo el colegio.
Desde años atrás se viene tratando de dictar una norma para restringir al máximo el uso de las armas por parte de los ciudadanos, sin embargo, son muchos los sectores solapados que se oponen a la medida, simplemente haciendo lobby para que los intentos encaminados a esta causa sean frustrados y en ocasiones con el apoyo de las propias autoridades, conviniendo que la existencia de la inseguridad en las ciudades y pueblos no permite modificar la actual legislación, opinión que ha triunfado sobre los que impulsan medidas rigurosas sobre el porte. Ahora, recobran importancia las medidas anunciadas en el pasado, precisamente cuando algunas ciudades como Bogotá y Medellín se ahogan en la violencia por esta causa. Como el número de víctimas ha ido en aumento, una mayoría ciudadana apoya el anunciado proyecto de ley de regulación, en momentos en que el problema se agranda el gobierno no podría desechar la idea venciendo a los taimados opositores.
POSDATA: Sobreponerse a la sentencia del escritor español P. Juan Eusebio Nieremberg: “Lo oscuro a par de lo blanco sobresale más.”
