Edgar Vergara Figueredo
Consabido es que los gobiernos no pueden andar por sí solos, necesitan ser controlados, pues los hombres no son ángeles que hacen las cosas correctamente, en las débiles democracias se exceden, actúan para provecho personal o a favor de sus allegados o hacia ambas finalidades. En Colombia, el poder ejecutivo, en cualquiera de sus ámbitos nacional o territorial es regulado por normas del congreso, de las asambleas y de los concejos, así se aprueban los planes de desarrollo para cuatro años y los presupuestos anuales a través de los órganos de representación popular, los cuales deben orientar el gasto público hacia la satisfacción de las necesidades colectivas.
En este manejo aparece la responsabilidad no como un simple concepto sino como una cultura de buen gobierno, responsabilidad del gobernante para hacer y responsabilidad de la sociedad para contribuir con los impuestos, exigir que las cosas se hagan bien y vigilar el comportamiento de los funcionarios públicos. Sencillamente, lo que los ciudadanos le otorgan a la autoridad es el poder de recaudar ingresos y gastar los fondos públicos, pero los ciudadanos ponen la condición de que exista una protección para que el ejecutivo no abuse del poder entregado, esperando que sea responsable por las acciones y omisiones.
La organización política del Estado democrático exige otras instancias que deben encargarse de controlar a los ejecutores del gasto público, son los órganos de control que se instituyen en el ámbito constitucional, fiscal, disciplinario, penal y administrativo. El nuevo paradigma de la administración pública es que el centro dirija, ejerza la gobernabilidad responsable, participativa, competitiva y enfoque su trabajo hacia la obtención de resultados. En la sociedad democrática la ciudadanía está facultada para exigir responsabilidad al gobierno en su desempeño, acompañando al obligatorio control que deben desempeñar los medios de comunicación.
Indudablemente hay una crisis de confianza pública que se acentúa en los países en desarrollo como en el nuestro, hay casos que suceden frecuentemente en el régimen de contratación pública que se constituyen en verdaderos ejemplos de la ineficiencia estatal, del despilfarro y de la demostración de la persistente corrupción. Es muy común la realización de contratos en que los suministros de bienes y servicios no llegan a la administración, común es también el sobreprecio del objeto contratado, la pérdida de los anticipos, la desviación de recursos a finalidades impropias y la existencia de instituciones que funcionan sin transparencia.
Mientras los ciudadanos esperan que el gobierno haga más con menos, el resultado final viene demostrando lo contrario, al repartirse los beneficios sociales exclusivamente entre la clientela de la élite gobernante. Así pues que planes y presupuestos quedan por el suelo. Una cultura de responsabilidad demanda administración ética de recursos, productos, insumos y resultados, de tal manera que haya garantía de confianza entre los que ostentan el gobierno y las personas. Está demostrando que el daño al patrimonio estatal ya no es de la autoría de los funcionarios de niveles bajos sino también de los altos y más altos.
En este manejo aparece la responsabilidad no como un simple concepto sino como una cultura de buen gobierno, responsabilidad del gobernante para hacer y responsabilidad de la sociedad para contribuir con los impuestos, exigir que las cosas se hagan bien y vigilar el comportamiento de los funcionarios públicos. Sencillamente, lo que los ciudadanos le otorgan a la autoridad es el poder de recaudar ingresos y gastar los fondos públicos, pero los ciudadanos ponen la condición de que exista una protección para que el ejecutivo no abuse del poder entregado, esperando que sea responsable por las acciones y omisiones.
La organización política del Estado democrático exige otras instancias que deben encargarse de controlar a los ejecutores del gasto público, son los órganos de control que se instituyen en el ámbito constitucional, fiscal, disciplinario, penal y administrativo. El nuevo paradigma de la administración pública es que el centro dirija, ejerza la gobernabilidad responsable, participativa, competitiva y enfoque su trabajo hacia la obtención de resultados. En la sociedad democrática la ciudadanía está facultada para exigir responsabilidad al gobierno en su desempeño, acompañando al obligatorio control que deben desempeñar los medios de comunicación.
Indudablemente hay una crisis de confianza pública que se acentúa en los países en desarrollo como en el nuestro, hay casos que suceden frecuentemente en el régimen de contratación pública que se constituyen en verdaderos ejemplos de la ineficiencia estatal, del despilfarro y de la demostración de la persistente corrupción. Es muy común la realización de contratos en que los suministros de bienes y servicios no llegan a la administración, común es también el sobreprecio del objeto contratado, la pérdida de los anticipos, la desviación de recursos a finalidades impropias y la existencia de instituciones que funcionan sin transparencia.
Mientras los ciudadanos esperan que el gobierno haga más con menos, el resultado final viene demostrando lo contrario, al repartirse los beneficios sociales exclusivamente entre la clientela de la élite gobernante. Así pues que planes y presupuestos quedan por el suelo. Una cultura de responsabilidad demanda administración ética de recursos, productos, insumos y resultados, de tal manera que haya garantía de confianza entre los que ostentan el gobierno y las personas. Está demostrando que el daño al patrimonio estatal ya no es de la autoría de los funcionarios de niveles bajos sino también de los altos y más altos.
POSDATA: No está lejos el momento de cumplirse lo del emperador romano Julio César: “Vale más morir de una vez que desconfiar siempre.”
