Edgar Vergara Figueredo
A un sector ciudadano le preocupa el gobierno de unidad nacional porque podría conducir a mantener el nivel de corrupción que hoy tenemos con posibilidades de aumentarlo, de tal suerte que cualquier medida que se tome en el futuro sería insuficiente para detener la ola de la ilegalidad incrustada en los negocios públicos. Por el otro lado están los que ven en un gobierno de unidad nacional grandes ventajas, siempre y cuando los partidos políticos que lo integran actúen honestamente y no permitan desbordar el uso del poder que está en las manos de los que los representan burocráticamente.
Ambas posiciones se entienden y obedecen a causas distintas del pensamiento político de dos sectores respetables de opinión sobre la administración del Estado. Colombia pasa por una etapa de su vida republicana bastante difícil, en donde el respeto a la ley se ha degradado enormemente y el de la vida ha caído en el peor de los abismos. El crimen se ha constituido en un hábito para el delincuente y en algo común y corriente para la sociedad, que escéptica frente a la autoridad, prefiere callar para evitar morir tempranamente. ¡Hay descomposición social!
El Procurador General de la Nación, que cierto sector ciudadano ve como mojigato y demasiado conservador, ha expresado algo importante sobre lo que está pasando, que es una lección para los procuradores departamentales y provinciales seguir al pie de la letra, ejecutando los asuntos que llegan a sus despachos con prontitud y obedeciendo a lo que pide la cabeza del órgano fiscalizador. Convencido de la oportunidad en la intervención de la autoridad para reprimir el delito, el Procurador ha sido claro al sostener que cualquier sanción disciplinaria debe ser reforzada con la sanción social, en virtud de que las sanciones deben imponerse a los funcionarios públicos cuando todavía lo son y no cuando están por fuera.
Considera que sancionar lo que pasó hace cinco años cuando ya nadie se acuerda ni del funcionario ni del cargo que desempeñaba, no tiene el mismo efecto que si se hace con oportunidad. Con esto quiere el Procurador devolver la credibilidad al ciudadano para evitar que sus quejas no caigan al vacío. Es verídico que las causas de los problemas sociales delincuenciales están en la disolución de la familia que el mismo Estado ha abandonado, cuando su más grande responsabilidad es protegerla, mediante el fortaleciendo de su integración si se quiere corregir el desvío social. Sobre esto se ha gastado mucha tinta, pero los gobiernos han sido sordos frente a la sumatoria de hechos de corrupción y crimen que se retroalimentan de la misma impunidad.
Al igual que meses atrás ocurrió con los compromisos de la señora Contralora General de la República, ahora el Procurador suelta lo que piensa, a los dos habría que creerles en la medida que muestren resultados. La Colombia ética que vislumbra el Procurador es la misma que una mayoría ciudadana quiere que sea desde hace mucho tiempo. El país no se puede quedar oyendo el discurso periódico de los dignatarios, la sociedad tiene que reaccionar a tiempo, exigir a los funcionarios del más alto rango una mayor responsabilidad en el ejercicio de los cargos y no dejarse amedrantar por la voluntad de los empresarios y políticos codiciosos que atrapan al Estado en su propósito de enriquecerse a costa de los impuestos.
POSDATA: Oportuno es el mensaje del polígrafo español Diego de Saavedra Fajardo: “Cebada la codicia en los bienes públicos, pasa a cebarse en los particulares.”
