Edgar Vergara Figueredo
No obstante que existe un sistema nacional para la prevención y atención de los desastres, al instrumento le falta plata. Son graves las consecuencias que se presentan una vez que se suceden los fenómenos naturales y los provocados por falta de prevención o violencia, como inundaciones, deslizamientos, incendios forestales, accidentes en eventos de carácter masivo, derrame de combustibles o sustancias peligrosas y explosiones de gas o de otra naturaleza, entre otras catástrofes. Ese es el caso del momento, el severo invierno nos tiene en la olla, llevando a muchos colombianos a la pobreza.
De cada situación se derivan consecuencias innumerables: pérdida de vidas humanas, destrucción de viviendas, devastación de sembrados, ruina de caminos y carreteras, desolación en unidades productivas, escasez de alimentos, aumento del desempleo, disminución considerable de los patrimonios familiares y corporativos y consecuencialmente el incremento de la pobreza. Nadie puede negar que a causa de la ola invernal el territorio y las personas estén reducidos a la nada, cuyo origen predecible se volvió impredecible por el tamaño de la devastación que estamos observando, más grave cuando no se puede atender con la prontitud que las víctimas exigen.
Pues bien, las cuentas del daño superarían los cálculos que va a generar el desastre. Más de quinientos municipios afectados, con balance de muchos muertos, desaparecidos, heridos, viviendas destruidas, cultivos perdidos, afectaciones a la malla vial, etcétera. Las cifras superan ya los setecientos mil millones de pesos (Diario El Tiempo 21-11-10), pero al terminar los torrenciales aguaceros podría llegar a los dos billones. Sea como sea el resultado de la catástrofe es oneroso tanto para las finanzas públicas como para la sociedad.
El pasado martes 23 de noviembre el Presidente de la República lanzó la campaña Colombia Humanitaria, encaminada a recolectar fondos para financiar los daños, convocando a los empresarios, a las personas y al mundo diplomático. Después de todo, existe la confianza de que se conseguirán los recursos materiales y financieros requeridos como complementarios a los oficiales, pues el gobierno nacional tiene fe en el medio y la comunidad la esperanza de salir adelante.
De tiempo en tiempo eso pasa, las finanzas públicas no tienen la capacidad suficiente para atender las emergencias, y entonces, se debe recurrir a la ayuda social y corporativa. Así pasó cuando el terremoto de Popayán, la devastación de Armero y el sismo de Armenia. Lo ideal es crear una estructura financiera capaz de atender los eventos catastróficos, es la hora para pensar en proyectar un fondo, de constitución mixta, que procure la captación de recursos públicos, privados y ayuda internacional. Nada más grave, con todo lo que ha pasado, que nos crucemos de brazos a esperar que otro hecho sobrevenga.
De cada situación se derivan consecuencias innumerables: pérdida de vidas humanas, destrucción de viviendas, devastación de sembrados, ruina de caminos y carreteras, desolación en unidades productivas, escasez de alimentos, aumento del desempleo, disminución considerable de los patrimonios familiares y corporativos y consecuencialmente el incremento de la pobreza. Nadie puede negar que a causa de la ola invernal el territorio y las personas estén reducidos a la nada, cuyo origen predecible se volvió impredecible por el tamaño de la devastación que estamos observando, más grave cuando no se puede atender con la prontitud que las víctimas exigen.
Pues bien, las cuentas del daño superarían los cálculos que va a generar el desastre. Más de quinientos municipios afectados, con balance de muchos muertos, desaparecidos, heridos, viviendas destruidas, cultivos perdidos, afectaciones a la malla vial, etcétera. Las cifras superan ya los setecientos mil millones de pesos (Diario El Tiempo 21-11-10), pero al terminar los torrenciales aguaceros podría llegar a los dos billones. Sea como sea el resultado de la catástrofe es oneroso tanto para las finanzas públicas como para la sociedad.
El pasado martes 23 de noviembre el Presidente de la República lanzó la campaña Colombia Humanitaria, encaminada a recolectar fondos para financiar los daños, convocando a los empresarios, a las personas y al mundo diplomático. Después de todo, existe la confianza de que se conseguirán los recursos materiales y financieros requeridos como complementarios a los oficiales, pues el gobierno nacional tiene fe en el medio y la comunidad la esperanza de salir adelante.
De tiempo en tiempo eso pasa, las finanzas públicas no tienen la capacidad suficiente para atender las emergencias, y entonces, se debe recurrir a la ayuda social y corporativa. Así pasó cuando el terremoto de Popayán, la devastación de Armero y el sismo de Armenia. Lo ideal es crear una estructura financiera capaz de atender los eventos catastróficos, es la hora para pensar en proyectar un fondo, de constitución mixta, que procure la captación de recursos públicos, privados y ayuda internacional. Nada más grave, con todo lo que ha pasado, que nos crucemos de brazos a esperar que otro hecho sobrevenga.
POSDATA: Es practicable el consejo del escritor ascético español P. Alonso Rodríguez: “Con la unión y concordia crecen y medran las cosas.”
