Edgar Vergara Figueredo
En la columna de opinión publicada el viernes de la semana pasada en este diario prospecté una bienvenida para la reforma a las corporaciones regionales, la cual había anunciado el Presidente de la República con motivo de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Como antecedente se tenía el conocimiento de lo que pasaba en algunas de esas corporaciones, persistía la mala administración y el apoderamiento de ellas por parte de ciertos sectores políticos regionales y en algunos casos, en alianza con grupos al margen de la ley. Finalmente, se expidió el Decreto 141 de 2011 el cual modifica las funciones de las Cars contenidas en la Ley 99 de 1993, que entre otros asuntos, pasa la nominación del director de las corporaciones al poder presidencial.
Se suponía que la reforma iba dirigida a corregir los errores del pasado para garantizar un servicio público de alta calidad, pues se sabía que a través de las Cars se estaban distrayendo cantidades de recursos con destino a fines impropios de la función legal encomendada. Había igualmente seguridad de que el gobierno central conocía suficientemente su difícil situación como consecuencia de la politización de las directivas y de las malas inversiones realizadas con los dineros del presupuesto. Lo aconsejable eran cambios más profundos y no se hicieron.
El Decreto 141 de 2010 satisface parte de las expectativas ciudadanas, pero sin comprender a aquéllas cuya finalidad es mejorar la prestación de los servicios ambientales. Pero lo que ha resultado de todo esto son problemas más graves de lo imaginado y que ahora el Presidente de la República denuncia en el decreto expedido, así reconoce la existencia de serias irregularidades cuando la problemática ambiental que padece el país es el resultado no solo de fenómenos naturales, sino de otros que estaban presentes en las cuencas hidrográficas, que pudieron evitarse con prevención, pero que a causa de la inercia institucional y la falta de planificación facilitaron la catástrofe.
Asombra el registro que hace el Presidente, entre los efectos del fenómeno de la niña, identifica algunos que pudieron sortearse en el marco de las competencias y de las funciones que les fueron asignadas a las Cars, evidenciando la falta de coordinación institucional entre las entidades ambientales y los entes territoriales, al igual que reconoce la existencia de negligencia de parte de esas autoridades en el ejercicio de sus funciones.
En fin, los golpes de pecho que se propina el gobierno nacional sirven para culpar a las corporaciones regionales y de paso a las entidades territoriales y librar al estamento público central de haber incurrido en omisión. E irónicamente, salva al Ministerio del Medio Ambiente de toda responsabilidad. Lástima sería que el Procurador General de la Nación, que ha resultado un hacha para oír, investigar y sancionar oportunamente, no se diera cuenta del soporte del Decreto 141 de 2011que aporta suficientes evidencias para conformar un expediente.
POSDATA: “De la impotencia gubernativa nace el pandillaje.”, tenía la razón el filósofo español Jaime Balmes.
Se suponía que la reforma iba dirigida a corregir los errores del pasado para garantizar un servicio público de alta calidad, pues se sabía que a través de las Cars se estaban distrayendo cantidades de recursos con destino a fines impropios de la función legal encomendada. Había igualmente seguridad de que el gobierno central conocía suficientemente su difícil situación como consecuencia de la politización de las directivas y de las malas inversiones realizadas con los dineros del presupuesto. Lo aconsejable eran cambios más profundos y no se hicieron.
El Decreto 141 de 2010 satisface parte de las expectativas ciudadanas, pero sin comprender a aquéllas cuya finalidad es mejorar la prestación de los servicios ambientales. Pero lo que ha resultado de todo esto son problemas más graves de lo imaginado y que ahora el Presidente de la República denuncia en el decreto expedido, así reconoce la existencia de serias irregularidades cuando la problemática ambiental que padece el país es el resultado no solo de fenómenos naturales, sino de otros que estaban presentes en las cuencas hidrográficas, que pudieron evitarse con prevención, pero que a causa de la inercia institucional y la falta de planificación facilitaron la catástrofe.
Asombra el registro que hace el Presidente, entre los efectos del fenómeno de la niña, identifica algunos que pudieron sortearse en el marco de las competencias y de las funciones que les fueron asignadas a las Cars, evidenciando la falta de coordinación institucional entre las entidades ambientales y los entes territoriales, al igual que reconoce la existencia de negligencia de parte de esas autoridades en el ejercicio de sus funciones.
En fin, los golpes de pecho que se propina el gobierno nacional sirven para culpar a las corporaciones regionales y de paso a las entidades territoriales y librar al estamento público central de haber incurrido en omisión. E irónicamente, salva al Ministerio del Medio Ambiente de toda responsabilidad. Lástima sería que el Procurador General de la Nación, que ha resultado un hacha para oír, investigar y sancionar oportunamente, no se diera cuenta del soporte del Decreto 141 de 2011que aporta suficientes evidencias para conformar un expediente.
POSDATA: “De la impotencia gubernativa nace el pandillaje.”, tenía la razón el filósofo español Jaime Balmes.
