Edgar Vergara Figueredo
Hoy en día el mercado es el paradigma de las economías occidentales, no obstante, es difícil que se den las condiciones para que sea perfecto a pesar de que todos los requisitos que se establecen sean para alcanzar un objeto sano. Cuando el sector privado falla en la tarea de producir, comercializar y distribuir bienes o servicios, es el Estado el que espera la comunidad que intervenga con miras a frenar los abusos del sector. Es la intervención pública a la que le compete mantener las reglas claras y evitar que se cambien los preceptos sociales de la economía. Los monopolios son el extremo de la libre competencia, en la medida que ellos hacen su agosto en el mercado y busquen unos beneficios excesivos se genera una pérdida para los consumidores medida en términos de bienestar social.
Esa ecuación es permanente y se da cuando los empresarios son demasiados egoístas y se proponen inmoralmente a ganar cada día más y más, y el Estado, se caracteriza por la omisión reiterada. Enhorabuena los dueños se favorecen de los avances tecnológicos y gozan, aunque sea transitoriamente, imponiendo el precio de sus productos y servicios en el mercado, mientras llegan sus nuevos competidores. Es un tiempo franco durante el cual casi nunca se percata el Estado sobre lo que pasa, pero sí el consumidor que tiene que aguantarse los elevados importes mientras dure el dominio. Como ejemplo: los nuevos modelos de equipos de cómputo, telecomunicaciones y fotografía, entre otros.
En el caso colombiano, la Constitución Política garantiza la actividad económica y la iniciativa privada como ocupación libre, pero también establece límites a ese ejercicio, cuando la somete a responsabilidades frente al interés colectivo, prescribe que tiene una función social que implica obligaciones y el control por el Estado para frenar la extralimitación de las empresas ejerciendo posición dominante. Cobija a las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación y las clasifica como de interés público. Otro ejemplo, el abuso de los bancos cobrando excesivas tasas de interés y cuotas por el manejo de cuentas de ahorro y corriente a sus clientes de quienes ellos se benefician.
Aunque el exceso de los empresarios en materia de precios y dominio del mercado está condenado por la legislación nacional, aún así, en versiones distintas, los órganos de control estatal, como ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y comisiones de regulación, resultan incompetentes frente al desenfreno de los empresarios que aparentemente operan en libre competencia.
En ese reprochable modelo, bajo el ropaje de trabajadores emprendedores y empresarios prósperos o exitosos, se están forjando afanosamente muchos de ellos con imagen de excelencia, en el momento que la verdad es otra, porque el antifaz no deja ver la hipocresía con que actúan.
POSDATA: Sobre esos empresarios, el escritor español Eduardo de Lustonó, sentencia: “Quien pierde la vergüenza ya no tiene más que hacer.”
Esa ecuación es permanente y se da cuando los empresarios son demasiados egoístas y se proponen inmoralmente a ganar cada día más y más, y el Estado, se caracteriza por la omisión reiterada. Enhorabuena los dueños se favorecen de los avances tecnológicos y gozan, aunque sea transitoriamente, imponiendo el precio de sus productos y servicios en el mercado, mientras llegan sus nuevos competidores. Es un tiempo franco durante el cual casi nunca se percata el Estado sobre lo que pasa, pero sí el consumidor que tiene que aguantarse los elevados importes mientras dure el dominio. Como ejemplo: los nuevos modelos de equipos de cómputo, telecomunicaciones y fotografía, entre otros.
En el caso colombiano, la Constitución Política garantiza la actividad económica y la iniciativa privada como ocupación libre, pero también establece límites a ese ejercicio, cuando la somete a responsabilidades frente al interés colectivo, prescribe que tiene una función social que implica obligaciones y el control por el Estado para frenar la extralimitación de las empresas ejerciendo posición dominante. Cobija a las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación y las clasifica como de interés público. Otro ejemplo, el abuso de los bancos cobrando excesivas tasas de interés y cuotas por el manejo de cuentas de ahorro y corriente a sus clientes de quienes ellos se benefician.
Aunque el exceso de los empresarios en materia de precios y dominio del mercado está condenado por la legislación nacional, aún así, en versiones distintas, los órganos de control estatal, como ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y comisiones de regulación, resultan incompetentes frente al desenfreno de los empresarios que aparentemente operan en libre competencia.
En ese reprochable modelo, bajo el ropaje de trabajadores emprendedores y empresarios prósperos o exitosos, se están forjando afanosamente muchos de ellos con imagen de excelencia, en el momento que la verdad es otra, porque el antifaz no deja ver la hipocresía con que actúan.
POSDATA: Sobre esos empresarios, el escritor español Eduardo de Lustonó, sentencia: “Quien pierde la vergüenza ya no tiene más que hacer.”
