Edgar Vergara Figueredo
Recientemente la Fiscal General de la Nación Viviane Morales, presentó un panorama desalentador sobre la situación de la monstruosa corrupción administrativa como engendro de la permisividad, falta de controles y fácil enriquecimiento. A pesar de que ella considera que la corrupción es peor que el narcotráfico, resulta que ambos manifestaciones son sumamente graves porque deslegitiman al Estado. Tanto el narcotráfico como la corrupción pública y privada pervierten a la sociedad y la despojan de los beneficios sociales de los gobiernos. Es de público conocimiento que el narcotráfico y sus aliados los paramilitares y los parapolíticos asaltaron las finanzas locales y las dejaron en ascuas, como también depravaron a un gran sector del sistema administrativo público.
Son muchas las personas y abundantes los servidores públicos que se han hecho ricos de un día para otro sin explicación frente a la ceguera de la DIAN y de las autoridades de vigilancia. De un salto se han convertido en propietarios de grandes inversiones cuando sus ingresos no dan para tanta miel y cuando todo el mundo sabe cuál ha sido el panal. El Estado tiene que ser serio para que la historia no se vuelva a repetir, hay que atacar a las fortunas construidas mediante la corrupción administrativa, política y privada, ya que mientras eso no se haga, el seductor de la plata pública continuará el trabajo sucio para hacerse al caudal de los colombianos: los impuestos.
Lo que estamos presenciando es la consecuencia de la deficiencia y paquidermia de los controles y de la justicia. El nuevo estatuto anticorrupción nace con muchos dientes, pero es posible que antes de tiempo sea desdentado por los actuales autores del delito público y sus secuaces. Ya muchos se preguntan: ¿Habrá decisión política de parte de los órganos de control del Estado para no dejarse burlar de los cleptómanos que están listos al esguince de la ley?
La Fiscal General de la Nación, en su declaración, dice que el panorama es alentador para seguir combatiendo. Ojalá que no se canse frente a la intriga y la politiquería que la obligue a torcer la buena intención manifestada. Entre tantas preguntas, no sobra: ¿La Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría llegarán al fondo de la corrupción? ¿Se identificarán los peces gordos y los de cuello blanco, responsables de los robos al Estado? ¿Se enjaularán a los defraudadores del erario público? ¿Los ministros, gobernadores, alcaldes y el resto de ávidos responsables saldrán libres después de la debacle financiera? ¿O apenas serán procesados y condenados los mandos medios y la galería?
En esta oscura lluvia de la patria las oficinas de control interno permanecen clandestinas sin responder por lo que la ley les ha encomendado, que es, proteger los recursos de la organización ante posibles riesgos y velar para que se dirijan al cumplimiento de sus objetivos. Por lo visto, han sido convidadas de piedra en su desempeño. Hasta ahora, en ninguna de las investigaciones adelantadas por los órganos de control y de justicia se han involucrado a los jefes de estos despachos para que expliquen sus omisiones frente a los desfalcos. Los sabuesos se olvidaron de esta fuente de información. Y los “toderos”, incrustados allí, se ríen de lo que pasa.
POSDATA: La fiscal, la contralora, el procurador y la justicia deberán repetir con el filósofo romano Marco Tulio Cicerón: “Que me aborrezcan con tal que me teman.”
Son muchas las personas y abundantes los servidores públicos que se han hecho ricos de un día para otro sin explicación frente a la ceguera de la DIAN y de las autoridades de vigilancia. De un salto se han convertido en propietarios de grandes inversiones cuando sus ingresos no dan para tanta miel y cuando todo el mundo sabe cuál ha sido el panal. El Estado tiene que ser serio para que la historia no se vuelva a repetir, hay que atacar a las fortunas construidas mediante la corrupción administrativa, política y privada, ya que mientras eso no se haga, el seductor de la plata pública continuará el trabajo sucio para hacerse al caudal de los colombianos: los impuestos.
Lo que estamos presenciando es la consecuencia de la deficiencia y paquidermia de los controles y de la justicia. El nuevo estatuto anticorrupción nace con muchos dientes, pero es posible que antes de tiempo sea desdentado por los actuales autores del delito público y sus secuaces. Ya muchos se preguntan: ¿Habrá decisión política de parte de los órganos de control del Estado para no dejarse burlar de los cleptómanos que están listos al esguince de la ley?
La Fiscal General de la Nación, en su declaración, dice que el panorama es alentador para seguir combatiendo. Ojalá que no se canse frente a la intriga y la politiquería que la obligue a torcer la buena intención manifestada. Entre tantas preguntas, no sobra: ¿La Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría llegarán al fondo de la corrupción? ¿Se identificarán los peces gordos y los de cuello blanco, responsables de los robos al Estado? ¿Se enjaularán a los defraudadores del erario público? ¿Los ministros, gobernadores, alcaldes y el resto de ávidos responsables saldrán libres después de la debacle financiera? ¿O apenas serán procesados y condenados los mandos medios y la galería?
En esta oscura lluvia de la patria las oficinas de control interno permanecen clandestinas sin responder por lo que la ley les ha encomendado, que es, proteger los recursos de la organización ante posibles riesgos y velar para que se dirijan al cumplimiento de sus objetivos. Por lo visto, han sido convidadas de piedra en su desempeño. Hasta ahora, en ninguna de las investigaciones adelantadas por los órganos de control y de justicia se han involucrado a los jefes de estos despachos para que expliquen sus omisiones frente a los desfalcos. Los sabuesos se olvidaron de esta fuente de información. Y los “toderos”, incrustados allí, se ríen de lo que pasa.
POSDATA: La fiscal, la contralora, el procurador y la justicia deberán repetir con el filósofo romano Marco Tulio Cicerón: “Que me aborrezcan con tal que me teman.”
