Edgar Vergara Figueredo
Los partidos en Colombia, unos más que otros y con una mínima excepción, han caído en su más profundo desprestigio sin haberse podido sacudir de los dirigentes inescrupulosos que los han llevado al despeñadero moral. La mayoría de ellos no se salvan de estar manchados de la sangre de muchos colombianos caídos por la violencia, a causa de la alianza entre política y fuerzas extremas que se han tomado el territorio nacional, sin que los colombianos se hayan podido librar de esa dolencia que disminuye la libertad del ciudadano para votar libremente. Por más que la legislación electoral se haya endurecido y los tipos de delitos incrementado con penas de consideración, los infractores se han inventado nuevas formas de hacer trampa a la ley, lo que ha dado lugar a que muchas acciones criminales de la política queden en la clandestinidad.
Mientras la intimidación sea un arma poderosa, como es hoy, la sociedad vivirá atemorizada y no tendrá otra salida que indignarse y no creer en el sistema electoral, lo que le abre el paso para que los delincuentes continúen potenciando sus mafias, aún peores a las que ya conocemos en nuestro medio turbulento de violencia, y por su parte, los ciudadanos corran a asilarse en los clubes de abstencionistas. Algunos directorios políticos no se eximen de consentir esa manera ilegal de hacer política. Se empecinan, de manera descarada, en mantener a esas organizaciones criminales a su servicio, especialmente en territorios en donde no existen medios de comunicación independientes y los tentáculos del control no llegan ni siquiera a sospechar de la existencia de los autores de los perversos hechos.
El voto así, no es un derecho, ni un instrumento democrático, se ha convertido en un bien comercial como el plátano o el huevo, que tiene un precio en el mercado fijado por la oferta y la demanda. En la medida que los delitos aumentan en el código penal y no se investigan, como tampoco se castiga al delincuente de manera oportuna y ejemplar, el resultado no puede ser otro que el crecimiento de la impunidad por acción u omisión de la autoridad electoral. Hay una carestía de voto, el precio se ha elevado tanto que la política sea exclusiva de los ricos, mafiosos y corruptos que roban lo público. Los políticos que timan los impuestos territoriales quitan a la gente los servicios del Estado.
A los políticos no les interesa la reforma que desde hace más de medio siglo se viene proponiendo: Voto Obligatorio. Al congreso nacional que está integrado por una mayoría de esos personajes, tampoco. A los políticos lo que les llama la atención es conseguir votos, dejando a un lado las razones programáticas por las cuales el ciudadano deba votar. El voto es impuro cuando se corrompe mediante la compra, la contratación pública y se abren las tesorerías departamentales y municipales para ponerlas al servicio de los candidatos afectos. ¡Esto es lo que está sucediendo!
El proceso electoral para elegir gobernadores, diputados, alcaldes y concejales que concluye el próximo 30 de octubre está manchado de dudas. Por las malas compañías de los elegibles se profundizan las acusaciones de unos y otros candidatos y sus patrocinadores, lo cual es un síntoma de contaminación de la contienda electoral.
POSDATA: Recordando a Jorge Eliécer Gaitán: “¡Patria grande tendremos cuando todos estemos obligados a labrarla y construirla por medio de las personas que resulten elegidas en los actos electorales!”
Mientras la intimidación sea un arma poderosa, como es hoy, la sociedad vivirá atemorizada y no tendrá otra salida que indignarse y no creer en el sistema electoral, lo que le abre el paso para que los delincuentes continúen potenciando sus mafias, aún peores a las que ya conocemos en nuestro medio turbulento de violencia, y por su parte, los ciudadanos corran a asilarse en los clubes de abstencionistas. Algunos directorios políticos no se eximen de consentir esa manera ilegal de hacer política. Se empecinan, de manera descarada, en mantener a esas organizaciones criminales a su servicio, especialmente en territorios en donde no existen medios de comunicación independientes y los tentáculos del control no llegan ni siquiera a sospechar de la existencia de los autores de los perversos hechos.
El voto así, no es un derecho, ni un instrumento democrático, se ha convertido en un bien comercial como el plátano o el huevo, que tiene un precio en el mercado fijado por la oferta y la demanda. En la medida que los delitos aumentan en el código penal y no se investigan, como tampoco se castiga al delincuente de manera oportuna y ejemplar, el resultado no puede ser otro que el crecimiento de la impunidad por acción u omisión de la autoridad electoral. Hay una carestía de voto, el precio se ha elevado tanto que la política sea exclusiva de los ricos, mafiosos y corruptos que roban lo público. Los políticos que timan los impuestos territoriales quitan a la gente los servicios del Estado.
A los políticos no les interesa la reforma que desde hace más de medio siglo se viene proponiendo: Voto Obligatorio. Al congreso nacional que está integrado por una mayoría de esos personajes, tampoco. A los políticos lo que les llama la atención es conseguir votos, dejando a un lado las razones programáticas por las cuales el ciudadano deba votar. El voto es impuro cuando se corrompe mediante la compra, la contratación pública y se abren las tesorerías departamentales y municipales para ponerlas al servicio de los candidatos afectos. ¡Esto es lo que está sucediendo!
El proceso electoral para elegir gobernadores, diputados, alcaldes y concejales que concluye el próximo 30 de octubre está manchado de dudas. Por las malas compañías de los elegibles se profundizan las acusaciones de unos y otros candidatos y sus patrocinadores, lo cual es un síntoma de contaminación de la contienda electoral.
POSDATA: Recordando a Jorge Eliécer Gaitán: “¡Patria grande tendremos cuando todos estemos obligados a labrarla y construirla por medio de las personas que resulten elegidas en los actos electorales!”
