Edgar Vergara Figueredo
En un país convulsionado como Colombia hay tiempo para seguir discutiendo sobre lo mismo. Cada vez que una institución reconocida muestra la realidad de la estructura de la propiedad de la tierra rural se abre el debate. Se vuelve a reconocer el pensamiento del líder revolucionario agrarista mexicano Emiliano Zapata, que en defensa de los derechos del pueblo a sus tierras, no hizo otra cosa que ufanarse de pronunciar: “la tierra es de quien la trabaja”. Este principio fue odiado por los terratenientes del país y sigue siéndolo, era tal la antipatía, que quien salía en su defensa era señalado de comunista, hasta los liberales colombianos estuvieron en la picota pública de la extrema derecha por ese motivo.
Una generación agotó el tiempo discutiendo si en verdad Zapata tenía o no la razón. Sin embargo, no se quedó refundida la idea en los voluminosos estudios del siglo pasado sobre la tenencia de la tierra en Colombia, sino que nuevamente se postula en las discusiones sobre pobreza, cuando el desplazamiento armado y económico de nuestros campesinos se tornó grave y se va a poner en vigencia una legislación que incorporará a un gran número de ellos a la economía y a la sociedad de paz.
Es pensar en siete millones de personas que están por fuera de la economía rural, en que un 50% son pobres y el 26% pobres extremos. En que los primeros, apenas alcanzan a recibir los ciento noventa mil pesitos, y los segundos, el mínimo de setenta y ocho mil, calculados por la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP). El mundo ha probado que no hay economía que se sostenga en el paraíso socialista puro, los países que ensayaron el sistema se han ido derrumbando por el centralismo y el poder absoluto del Estado sobre la propiedad. Entonces, el camino es otro.
A pesar de todo, las nuevas orientaciones del desarrollo, han vuelto a revivir el papel que tiene la propiedad de la tierra rural en el empleo de los campesinos pobres, que acompañados de la asistencia técnica necesaria y el crédito, podrían salir de su estado de hambre. Crear las condiciones para que haya “más Estado en el mercado y menos mercado en el Estado”, aprovechando la brecha que existe entre veintiún millones de hectáreas aptas para el uso agrícola y las cinco millones que hoy se cultivan.
Nadie duda de la gran demanda de alimentos, materias primas y recursos ambientales que tiene el mundo; Colombia puede ser proveedora en vez de importadora, y está desaprovechando esa ventaja por haber abandonado el campo y la tarea que pueden desempeñar los campesinos agricultores. Después de todo, hay indicios de la preocupación que tiene un sector de la clase gobernante y dirigente, que convencido del problema, cree oportuno atacar a las grandes extensiones de tierras improductivas. Una medida propuesta es el ajuste del impuesto predial rural, atrapado hoy por las élites políticas locales, pasando su administración a las autoridades nacionales. Es el momento preciso de avanzar, hay un buen ministro de agricultura y el agro es una de las locomotoras de desarrollo del actual gobierno nacional que tiene que andar velozmente.
POSDATA: “La tierra es la fuente de la materia, el trabajo es el agente productivo; ambos entran en paridad en la producción de la riqueza.”, consideró el economista irlandés Richard Cantillon.
Una generación agotó el tiempo discutiendo si en verdad Zapata tenía o no la razón. Sin embargo, no se quedó refundida la idea en los voluminosos estudios del siglo pasado sobre la tenencia de la tierra en Colombia, sino que nuevamente se postula en las discusiones sobre pobreza, cuando el desplazamiento armado y económico de nuestros campesinos se tornó grave y se va a poner en vigencia una legislación que incorporará a un gran número de ellos a la economía y a la sociedad de paz.
Es pensar en siete millones de personas que están por fuera de la economía rural, en que un 50% son pobres y el 26% pobres extremos. En que los primeros, apenas alcanzan a recibir los ciento noventa mil pesitos, y los segundos, el mínimo de setenta y ocho mil, calculados por la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP). El mundo ha probado que no hay economía que se sostenga en el paraíso socialista puro, los países que ensayaron el sistema se han ido derrumbando por el centralismo y el poder absoluto del Estado sobre la propiedad. Entonces, el camino es otro.
A pesar de todo, las nuevas orientaciones del desarrollo, han vuelto a revivir el papel que tiene la propiedad de la tierra rural en el empleo de los campesinos pobres, que acompañados de la asistencia técnica necesaria y el crédito, podrían salir de su estado de hambre. Crear las condiciones para que haya “más Estado en el mercado y menos mercado en el Estado”, aprovechando la brecha que existe entre veintiún millones de hectáreas aptas para el uso agrícola y las cinco millones que hoy se cultivan.
Nadie duda de la gran demanda de alimentos, materias primas y recursos ambientales que tiene el mundo; Colombia puede ser proveedora en vez de importadora, y está desaprovechando esa ventaja por haber abandonado el campo y la tarea que pueden desempeñar los campesinos agricultores. Después de todo, hay indicios de la preocupación que tiene un sector de la clase gobernante y dirigente, que convencido del problema, cree oportuno atacar a las grandes extensiones de tierras improductivas. Una medida propuesta es el ajuste del impuesto predial rural, atrapado hoy por las élites políticas locales, pasando su administración a las autoridades nacionales. Es el momento preciso de avanzar, hay un buen ministro de agricultura y el agro es una de las locomotoras de desarrollo del actual gobierno nacional que tiene que andar velozmente.
POSDATA: “La tierra es la fuente de la materia, el trabajo es el agente productivo; ambos entran en paridad en la producción de la riqueza.”, consideró el economista irlandés Richard Cantillon.
