Edgar Vergara Figueredo
Los que tienen el poder para ganarle al colombiano se amangualan. En el congreso, en la justicia y en la administración pública nacional y regional están al servicio de los intereses particulares. No se legisla para el ciudadano, se legisla para salvar el pellejo. No se ejerce el cargo oficial para el servicio público, sino para ganar dinero. No es desde afuera, ahora es adentro que se hace lobby, en cada una de esas instituciones opera la mafia del trámite al servicio de ciertos intereses particulares, con salario pagado por el Estado y a cuenta de los pobres paga impuestos. Es previsible, que como los órganos de control han demostrado ser vulnerables a la politiquería, vean reducida su capacidad de gestión y no sean tan efectivos para atacar la corrupción frente a los tentáculos del problema.
La corrupción se ha introducido tanto en la sociedad, que encontramos personas que ejercen cargos públicos en las altas esferas del Estado en Bogotá, como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, convertidas en arqueros, cuyo éxito es haberlas penetrado, ejerciendo como función principal la de influir para embolatar los procesos disciplinarios, fiscales y penales de sus amigos y copartidarios. De allí que con alguna frecuencia, estos señores (considerados ínclitos por algún sector de la sociedad), que aparentemente vienen a visitar a sus familiares, lleguen es a dar cuenta sobre su irregular gestión. Claro está que la labor es a cambio del pago de la factura por los servicios prestados, recibiendo la prebenda política o económica, o las dos a la vez, sin que falte la buena celebración en los clubes y restaurantes en pro de la impunidad.
Por ese motivo, es que la gente no entiende: porqué ciertas investigaciones de delitos cometidos localmente no prosperan. Por eso mismo es que los implicados en robos de dineros públicos, apenas resultan vinculados a sus delitos después de cuatro o seis años de haberse llevado a cabo la violación de la ley o haber dejado el puesto. Es un balance común que aterra al colombiano. Algo de culpabilidad hay en los medios de comunicación, que dan la noticia al público y no le hacen seguimiento, lo cual resulta una contradicción del papel de la prensa, puesto que su obligación es la de informar oportuna y completamente para evitar caer en complicidad con los ladrones de cuello blanco.
A pesar de que existen organizaciones como la Corporación Transparencia por Colombia, dedicada a liderar desde la sociedad civil la lucha integral contra la corrupción y por la transparencia, en lo público y privado, su expansión geográfica está limitada, alcanzando apenas a cubrir una parte del territorio nacional con focalización en las grandes instituciones del Estado. El resto de la nación queda por fuera. Es una lástima que esta empresa no cuente con los recursos necesarios a fin de que pueda meter el hocico en todas partes, como lo espera el ciudadano común y corriente, ante la muerte en vida de las veedurías ciudadanas.
Ojalá los nuevos gobernadores y alcaldes que reciban capacitación sobre administración territorial en la Escuela de Administración Pública (ESAP), aprendan ética pública y no resulten unos fiascos en materia de administración de caudales públicos. ¡El tiempo lo dirá!
POSDATA: ¿Será que el tratadista español Fray Juan Márquez tenía razón?: “Al potro no hay quien le dome ya caballo.”
La corrupción se ha introducido tanto en la sociedad, que encontramos personas que ejercen cargos públicos en las altas esferas del Estado en Bogotá, como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, convertidas en arqueros, cuyo éxito es haberlas penetrado, ejerciendo como función principal la de influir para embolatar los procesos disciplinarios, fiscales y penales de sus amigos y copartidarios. De allí que con alguna frecuencia, estos señores (considerados ínclitos por algún sector de la sociedad), que aparentemente vienen a visitar a sus familiares, lleguen es a dar cuenta sobre su irregular gestión. Claro está que la labor es a cambio del pago de la factura por los servicios prestados, recibiendo la prebenda política o económica, o las dos a la vez, sin que falte la buena celebración en los clubes y restaurantes en pro de la impunidad.
Por ese motivo, es que la gente no entiende: porqué ciertas investigaciones de delitos cometidos localmente no prosperan. Por eso mismo es que los implicados en robos de dineros públicos, apenas resultan vinculados a sus delitos después de cuatro o seis años de haberse llevado a cabo la violación de la ley o haber dejado el puesto. Es un balance común que aterra al colombiano. Algo de culpabilidad hay en los medios de comunicación, que dan la noticia al público y no le hacen seguimiento, lo cual resulta una contradicción del papel de la prensa, puesto que su obligación es la de informar oportuna y completamente para evitar caer en complicidad con los ladrones de cuello blanco.
A pesar de que existen organizaciones como la Corporación Transparencia por Colombia, dedicada a liderar desde la sociedad civil la lucha integral contra la corrupción y por la transparencia, en lo público y privado, su expansión geográfica está limitada, alcanzando apenas a cubrir una parte del territorio nacional con focalización en las grandes instituciones del Estado. El resto de la nación queda por fuera. Es una lástima que esta empresa no cuente con los recursos necesarios a fin de que pueda meter el hocico en todas partes, como lo espera el ciudadano común y corriente, ante la muerte en vida de las veedurías ciudadanas.
Ojalá los nuevos gobernadores y alcaldes que reciban capacitación sobre administración territorial en la Escuela de Administración Pública (ESAP), aprendan ética pública y no resulten unos fiascos en materia de administración de caudales públicos. ¡El tiempo lo dirá!
POSDATA: ¿Será que el tratadista español Fray Juan Márquez tenía razón?: “Al potro no hay quien le dome ya caballo.”
